El adolescente imputado por el ataque al gato en Temperley se presentó con sus padres ante la fiscal y se negó a declarar
La causa por el ataque a un gato en la calle Florencio Varela de Temperley, que a comienzos de septiembre generó repudio en el barrio y llegó a la cobertura nacional, dio su primer paso formal. El adolescente señalado como autor se presentó ante la fiscal, acompañado por sus padres, escuchó la lectura de la imputación por maltrato animal y se negó a declarar.
La declaración estuvo a cargo de la fiscal Andrea Rodríguez Bagnara, a cargo de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.
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Qué significa negarse a declarar
Conviene explicarlo, porque en los comentarios este dato se lee siempre como una confesión y no lo es. El derecho a no declarar contra uno mismo está en el artículo 18 de la Constitución Nacional y alcanza a toda persona imputada en una causa penal, sea adulta o adolescente. Negarse a declarar no puede ser usado en su contra ni interpretado como admisión de los hechos: es una garantía, no una maniobra.
Es, además, lo que recomienda casi cualquier defensa en una primera audiencia, antes de conocer el detalle completo del expediente. La investigación continúa y la fiscalía debe ahora definir su situación procesal.
Qué dice la ley
El maltrato animal está penado por la ley 14.346, sancionada en 1954, que prevé de quince días a un año de prisión para quien inflija malos tratos o haga víctima de actos de crueldad a los animales. Es una escala baja, y esa es una de las razones por las que la mayoría de estas causas no termina en prisión efectiva aun cuando hay condena. Hay proyectos para actualizarla desde hace años.
Cuando el señalado como autor es un adolescente se agrega otra capa: el sistema de responsabilidad penal juvenil está orientado a medidas socioeducativas antes que punitivas, y la privación de libertad es el último recurso.
Lo que ya pasó alrededor del caso
El video de una cámara de seguridad circuló por redes y fue lo que originó la causa: la fiscal abrió la investigación de oficio, sin denuncia previa de un particular. La difusión tuvo consecuencias por fuera del expediente. La casa del adolescente fue escrachada y su familia denunció amenazas de muerte. Su madre habló públicamente y pidió disculpas.
Ese es, probablemente, el aspecto menos discutido del caso: la reacción llegó mucho antes que la investigación. También, las amenazas alcanzaron a personas que no tenían que ver con la familia, cuando se difundió una dirección errónea.
Esta «justicia social» llamó mucho la atención por la violencia con la que trascendió. Teniendo en cuenta que días antes, en otro barrio de Lomas de Zamora un vecino mató de un disparo a un gato en su propia casa. A a pesar de haberse publicado en redes sociales, no hubo la misma reacción contra el agresor y aún no se ha identificado.
