Denuncian posibles irregularidades en un juicio millonario por alimentos contra un empresario de Lanús
Un conflicto judicial de alto perfil, que involucra a un empresario radicado en Lanús —cuya identidad no se difunde por cuestiones legales—, generó cuestionamientos por presuntas irregularidades en el trámite y resolución de una causa por alimentos. El caso, que combina aspectos del derecho de familia, penal y ética profesional, se encuentra actualmente bajo análisis en distintas instancias judiciales.
En diálogo con Lomas Conectado, la abogada de la denunciante, la Dra. Sara Marco, señaló una serie de inconsistencias en el proceso. “Es un fallo donde el monto de alimentos no se fijó por prueba completa, sino por lo que el propio demandado ofreció en audiencia. Lo relevante es que inicialmente se había negado la obligación alimentaria sin ofrecer prueba, pero luego en audiencia se formuló una oferta concreta, lo que evidencia una conducta procesal inconsistente”, afirmó.
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Según explicó, esa conducta fue considerada por la Cámara de Apelaciones al momento de fijar una cuota mensual de seis millones de pesos. “Esa contradicción fue tomada por la Cámara como parámetro para fijar el monto de 6 millones mensuales”, precisó.
Demoras e imcumplimientos
En paralelo, se investiga un presunto incumplimiento de medidas judiciales. “Actualmente, la medida lleva más de un mes sin cumplirse, en un contexto de dilaciones procesales que afectan su efectividad”, indicó Marco. Y agregó que su representada cuenta con una restricción perimetral que, según denunció, no se está respetando. En ese aspecto, interviene la UFI 12.
“Por lo que estamos requiriendo sanciones a la Cámara de Apelaciones por mala fe procesal e intervención al colegio de abogados”, afirmó la abogada. Y concluyó: “Es un caso complejo, donde el empresario se comporta de manera delictual, asesorado por su letrada”.
Posibles irregularidades
Desde el punto de vista jurídico, el caso expone posibles tensiones en torno a la denominada “teoría de los actos propios”, que impide a una parte contradecir sus conductas anteriores en el proceso. Asimismo, el eventual incumplimiento del pago de la cuota alimentaria podría encuadrarse en la figura penal de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, mientras que la desobediencia de una orden de restricción perimetral constituye un delito autónomo.
También se analiza el rol de la defensa técnica, ya que, de comprobarse un asesoramiento orientado a eludir decisiones judiciales, podrían derivarse actuaciones ante el colegio profesional correspondiente.
La causa continúa en trámite y no se descartan nuevas medidas tanto en el ámbito civil como penal, en un expediente que, por su complejidad, mantiene abiertas múltiples líneas de investigación.
