AYSA endurece medidas de cobro y 700.000 usuarios deudores quedan en riesgo de restricciones o cortes del servicio de agua potable
Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA) implementará restricciones o cortes de servicio a 700.000 usuarios que se registran como deudores por atrasos en el pago de sus facturas. La medida, que afecta tanto a hogares como a comercios e industrias, se enmarca dentro de un plan para reducir la morosidad, actualmente en un 16%, y responde a la política de la empresa de aplicar con mayor rigor la normativa vigente.
La compañía explicó que, como último recurso, se procederá a la restricción del suministro en usuarios residenciales, garantizando un caudal mínimo indispensable, mientras que los no residenciales podrían enfrentar cortes totales. Estas acciones están respaldadas por la Ley 26.221, que habilita a las concesionarias a actuar ante dos períodos consecutivos de facturación impaga, previa notificación al usuario.
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Un contexto de aumento tarifario y crisis económica
En el último año, las tarifas de agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se cuadruplicaron, alcanzando un incremento interanual del 305%, según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet. Este ajuste, junto a la delicada situación económica, complicó el acceso al servicio para muchas familias. En noviembre, una familia tipo necesitó $134.173 para cubrir servicios esenciales sin subsidios, una cifra que pone en perspectiva el impacto de los aumentos en los hogares.
Ante estas dificultades, AYSA ofrece programas de regularización de deuda que incluyen planes de pago en cuotas e indultos de intereses acumulados. Sin embargo, desde la empresa destacaron que, hasta el cambio de gestión, no se aplicaban medidas de corte o restricción previstas en la normativa, algo que ahora buscan modificar como parte de una política de “normalización” bajo criterios de gestión empresarial.
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El marco legal y las limitaciones
La normativa establece salvaguardas para usuarios residenciales y sectores sensibles como hospitales, sanatorios y cárceles, que no pueden enfrentar cortes sin antes agotar instancias alternativas. Además, la aplicación de estas medidas queda supeditada a acuerdos de pago vigentes o resoluciones de autoridades reguladoras que puedan frenar la acción.
Desde AYSA señalaron que las medidas de restricción y corte son excepcionales y que se aplican únicamente luego de agotar todos los mecanismos previos de cobranza.
Impacto y debate
La decisión de AYSA ha generado inquietud en un sector de la población que enfrenta dificultades para cubrir servicios básicos. Mientras que la empresa defiende la necesidad de estas políticas para garantizar la sostenibilidad financiera, el endurecimiento en un contexto de crisis económica plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la viabilidad empresarial y el acceso a un recurso esencial como el agua.
Se espera que estas acciones, sumadas a los programas de regularización ofrecidos, permitan reducir la morosidad y asegurar la continuidad del servicio, aunque no sin controversias respecto a su impacto social.
