El Gobierno nacional avanzó con multas millonarias a UTA y La Fraternidad por el paro del 19 de febrero, luego de considerar que ambos gremios incumplieron las conciliaciones obligatorias vigentes al momento de la medida de fuerza convocada por la CGT.
Las sanciones económicas alcanzan cifras inéditas: el Ejecutivo dispuso penalidades por 70 mil millones de pesos para la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y 20 mil millones para el sindicato ferroviario La Fraternidad.
La decisión fue impulsada por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, luego de analizar la participación de ambos gremios en el paro general realizado en febrero.
El argumento del Gobierno
Según explicaron fuentes oficiales, las multas millonarias a UTA y La Fraternidad por el paro del 19 de febrero se aplicaron debido al incumplimiento del procedimiento de conciliación obligatoria que rige en los conflictos laborales colectivos.
En el caso de la UTA, la conciliación obligatoria estaba vigente entre el 10 y el 26 de febrero, mientras que la disposición que alcanzaba a La Fraternidad se extendía desde el 4 hasta el 26 de ese mismo mes.
Desde el Gobierno señalaron que la decisión busca marcar un precedente frente al incumplimiento de este mecanismo legal.
“Incumplir una conciliación obligatoria es grave. Deben cumplir con la ley”, indicaron desde el Ejecutivo al explicar el criterio aplicado.
La estrategia del Ejecutivo
Inicialmente, la administración de Javier Milei evaluó aplicar una sanción aún más severa: la quita de la personería gremial de los sindicatos involucrados.
Sin embargo, finalmente se optó por avanzar primero con sanciones económicas. El pago de las penalidades funcionará, según el Gobierno, como una prueba de cumplimiento por parte de las organizaciones sindicales.
En caso de que los gremios desconozcan o no abonen las multas, desde la Casa Rosada no descartan volver a analizar sanciones más duras.
El conflicto detrás del paro
Las multas millonarias a UTA y La Fraternidad por el paro del 19 de febrero se producen en medio de un conflicto que combina reclamos salariales en el transporte y el debate político por la reforma laboral.
Durante el conflicto, la UTA sostuvo que el sector enfrenta un fuerte deterioro en sus ingresos debido al aumento sostenido de los costos operativos del sistema.
“El sector se ve obligado a trabajar con ingresos estructuralmente insuficientes mientras los costos crecen de forma constante”, señaló el gremio en un comunicado difundido durante la medida de fuerza.
La respuesta del gremio de colectiveros
El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, defendió la participación del sindicato en el paro nacional y cuestionó la política económica del Gobierno.
El dirigente aseguró que la medida tuvo alto nivel de acatamiento y rechazó las críticas oficiales.
“No es un paro extorsivo. Los trabajadores no llegan a fin de mes con el sueldo”, afirmó.
Además, Fernández cuestionó la pauta inflacionaria que utiliza el Gobierno como referencia para las paritarias del sector. Según planteó, ese indicador no refleja el verdadero aumento del costo de vida.
Las empresas también advierten problemas
Desde el sector empresario del transporte también reconocieron dificultades económicas en el sistema.
El presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, señaló que el reclamo salarial tiene fundamentos, aunque explicó que las empresas enfrentan restricciones financieras para otorgar nuevos aumentos.
Según detalló, los ingresos del sector permanecen prácticamente congelados desde hace varios meses, mientras el precio del servicio continúa siendo definido por el Estado.
