Disolución del Procrear: Qué Pasa con los Beneficiarios, el impacto en créditos vigentes y obras en curso
El Gobierno nacional avanzó con la disolución del Fondo Fiduciario Público Pro.Cre.Ar, el programa de acceso a la vivienda creado en 2012. La medida fue oficializada a través de la Resolución 764/2025 y el Decreto 1018/2024, generando interrogantes entre los titulares de créditos y las familias que aguardan la finalización o adjudicación de sus viviendas. ¿Qué pasa con el Procrear?
El Ministerio de Economía dispuso el inicio del proceso de liquidación del Fondo Pro.Cre.Ar y estableció que la administración de los préstamos vigentes quedará en manos del Banco Hipotecario S.A.
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Fundamentos de la decisión oficial
El Gobierno argumentó la decisión en la necesidad de «mejorar el funcionamiento del Estado, reducir su sobredimensionamiento y transparentar el gasto». Además, señaló que el financiamiento de viviendas debe recaer en bancos comerciales y no en la gestión directa del Estado.
Según informes de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) citados en los considerandos de la medida, se detectaron «demoras en la entrega de viviendas, falta de condiciones de habitabilidad en unidades adjudicadas, desactualización de manuales de procedimiento y dificultades para el control y fiscalización de recursos». La auditoría también mencionó «sobrecostos generados por los atrasos y una administración tildada de poco transparente y ágil».
Situación de los créditos ya otorgados
Respecto a los créditos hipotecarios y personales otorgados bajo las distintas líneas del Procrear, el Ministerio de Economía dispuso que la gestión continuará bajo la administración del Banco Hipotecario. Esta entidad firmará un contrato con el Estado manteniendo las condiciones de retribución previstas en el fideicomiso original de 2012.

Los titulares de los créditos mantendrán sus condiciones contractuales: monto, tasa de interés, sistema de actualización y cronograma de pago. Esto implica que «los beneficiarios no verán alterados sus derechos ni obligaciones», y las cuotas pactadas «seguirán vigentes bajo el mismo esquema, sin modificaciones unilaterales y sin alterar la seguridad jurídica».
La liquidación del fondo significa que la administración económica y legal de los créditos —cobro de cuotas, emisión de deuda y eventual renegociación— se mantendrá a cargo del Banco Hipotecario. La Secretaría Legal del Ministerio de Economía será responsable de resolver eventuales causas judiciales derivadas de la operatoria del programa.
Futuro de las obras sin terminar
La disolución del Procrear se produce con aproximadamente 17.000 viviendas en desarrollo en distintas localidades del país. El Gobierno nacional resolvió que la continuación y finalización de estos desarrollos urbanísticos quedará «a cargo de las provincias, los municipios o, en su defecto, del sector privado».
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La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) podrá recibir propiedades sin contratos vigentes y gestionar la venta o cesión de los inmuebles. En el caso de terrenos o proyectos aportados por provincias o municipios, se podrán acordar devoluciones totales o parciales de los predios.
Las viviendas terminadas, pero aún no adjudicadas, «posiblemente se incorporen al mercado por medio de ventas directas», lo que representaría un cambio en el sistema de adjudicación vía sorteo. Aún no se ha definido si contarán con financiamiento privado para facilitar el acceso a compradores.