Presentan un amparo para frenar la aplicación del Presupuesto 2026, que recorta el financiamiento de las escuelas técnicas
Un grupo de estudiantes de escuelas técnicas, acompañados por sus familias y docentes, presentó una acción de amparo ante la Justicia para intentar frenar la aplicación de un artículo del Presupuesto 2026 que, según sostienen, implica un fuerte retroceso en el financiamiento de la educación técnico profesional. La presentación judicial cuestiona específicamente el Artículo N°30 de la ley, al considerar que la modificación es inconstitucional y vulnera derechos adquiridos.
El planteo surge tras la aprobación del presupuesto por parte del Congreso y apunta a tres cambios centrales introducidos por el artículo en cuestión. En primer lugar, se elimina la meta de inversión educativa equivalente al 6% del Producto Bruto Interno establecida por la Ley de Educación Nacional.
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En segundo término, se derogan artículos de la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que fijaban parámetros mínimos de financiamiento para el sector. Finalmente, se suprime el Artículo N°52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que garantizaba un fondo específico equivalente al 0,2% del presupuesto destinado al Sector Público Nacional para sostener a las escuelas técnicas.
Cómo afectan estas modificaciones
Según advierte el colectivo que impulsa el amparo, estas modificaciones impactan de manera directa en la formación técnica. “El recorte alcanza al 93 por ciento en el presupuesto 2026 respecto a valores equivalentes de 2023. Se disponen sólo 11 mil millones de pesos y no 322 mil millones, como establece el 0,2 por ciento que propone la ley de ETP”, señalan en la presentación. En ese marco, expresan que “está claro que a Javier Milei y su Gabinete no les interesa tener un país con producción nacional y por esto mismo tampoco tienen interés en tener un país con Técnicos profesionales”.
Dos estudiantes de escuelas técnicas, junto a sus padres, en representación de un grupo más amplio integrado por alumnos, familiares y docentes de distintas instituciones, iniciaron el pedido. En el escrito, los demandantes enumeran cinco argumentos que, a su criterio, configuran la inconstitucionalidad del artículo cuestionado. Entre ellos, destacan que una ley anual de presupuesto no puede derogar normas permanentes que garantizan derechos fundamentales, y que hacerlo constituye “un desvío del Poder Legislativo y una violación al principio republicano”.
Además, sostienen que el recorte vulnera el derecho constitucional a la educación, ya que “para ser real exige financiamiento suficiente, continuo y previsible”. También argumentan que se viola el principio de progresividad, al eliminar pisos mínimos de inversión previamente establecidos, y advierten sobre un efecto discriminatorio, dado que quienes no puedan acceder a la educación privada quedarían en situación de mayor vulnerabilidad. Por último, señalan que la decisión compromete trayectorias educativas en curso, al tratarse de un derecho en permanente desarrollo.
Dónde fue presentado
El amparo quedó radicado en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°11 de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se solicita la restitución de todos los artículos derogados por el Artículo N°30 del Presupuesto 2026, no sólo en relación con la educación técnica, sino con el sistema educativo en general. El tribunal deberá definir en primera instancia si habilita el tratamiento del caso durante la feria judicial y, posteriormente, resolver sobre la medida cautelar solicitada.
