El Gobierno avanza con la privatización parcial de AYSA: se habilitará la participación privada bajo un esquema mixto
El Gobierno nacional se encuentra en la etapa final de redacción del decreto presidencial que habilitará la privatización parcial de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), la empresa estatal que provee servicios de agua potable y cloacas a más de tres millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense.
Según confirmaron fuentes oficiales, el modelo previsto será mixto: contemplará una licitación pública de acciones y, en paralelo, una colocación en la Bolsa de Comercio. El objetivo consiste en incorporar capital privado sin que el Estado pierda el control mayoritario de la empresa. “Seguimos trabajando los pliegos de AYSA. Les falta poco”, señalaron desde el entorno presidencial. Aunque no se precisaron fechas, se indicó que el decreto está próximo a firmarse.
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¿Qué es y cómo funciona AySA?
AYSA fue creada por decreto en 2006 y ratificada por ley nacional. Actualmente, el Estado nacional posee el 90% del paquete accionario, mientras que el 10% restante corresponde a sus empleados, a través de un Programa de Participación Accionaria. La empresa administra una infraestructura que abarca 3.363 kilómetros cuadrados de cobertura, tres plantas potabilizadoras, 21 plantas depuradoras, 195 estaciones de bombeo, y presta servicio a 2,3 millones de usuarios residenciales y 349.900 no residenciales.
A diciembre de 2024, AYSA contaba con 6.344 empleados, tras haberse producido 1.364 cesantías dispuestas por el Ejecutivo como parte de su política de reducción del gasto público.
Durante el año pasado, la empresa reportó ingresos por $934.271 millones, de los cuales $790.200 millones provinieron de operaciones propias, mientras que $143.717 millones fueron transferencias del Tesoro Nacional. En cuanto a los egresos, estos ascendieron a $775.041 millones. Entre los principales componentes del gasto se destacan: remuneraciones por $283.957 millones, bienes y servicios por $357.149 millones, y obras e inversiones por $202.937 millones.
Entre los proyectos en ejecución figuran la ampliación de la planta de Bernal, el Río Subterráneo Sur, obras en Hurlingham, La Matanza, Berazategui y el Sistema Riachuelo, con desembolsos que superan los $186.500 millones.
El decreto que se encuentra en elaboración forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno nacional, que busca reducir el tamaño del Estado y avanzar en la descentralización de servicios públicos esenciales, permitiendo una mayor participación del sector privado en áreas estratégicas.
