La privatización de AySA vuelve al centro de la agenda económica. El Gobierno nacional acelera la preparación de los pliegos para licitar el 90% de la empresa estatal, luego de que la compañía presentara un balance 2025 con superávit neto de $237.000 millones y una fuerte reducción de su deuda.
El Ejecutivo espera publicar las condiciones de la licitación durante las próximas semanas y captar cerca de u$s500 millones mediante la venta del control de Agua y Saneamientos Argentinos. La operación forma parte del paquete de empresas públicas incluidas en la Ley Bases.
Según el esquema previsto, el 90% del paquete accionario será transferido a un operador estratégico con capacidad técnica y financiera, mientras que el 10% quedará en manos de los trabajadores. Más adelante, el Gobierno evalúa avanzar con una apertura parcial de capital en el mercado.
El proceso busca reducir las transferencias del Tesoro y, al mismo tiempo, generar ingresos extraordinarios para mejorar la situación fiscal.
Un balance que apunta a fortalecer la privatización de AySA
Los números presentados por la empresa buscan reforzar el atractivo de la privatización de AySA ante potenciales inversores.
Durante 2025, la compañía registró un superávit económico neto de $237.000 millones, lo que le permitió revertir casi veinte años de resultados deficitarios. Además, logró reducir su deuda en un 85%.
Otro dato clave es que la empresa dejó de depender de aportes corrientes del Tesoro Nacional, algo que no ocurría desde 2007. En paralelo, las transferencias estatales cayeron de $1,31 billones en 2023 a $37.000 millones en 2025, fondos destinados únicamente a inversión.
La mejora se apoyó en varias medidas:
- Reordenamiento de gastos.
- Actualización tarifaria del servicio en el AMBA.
- Reducción de costos operativos.
- Disminución de la morosidad.
También se produjo una reducción de la plantilla laboral. El número de empleados pasó de 7.790 en diciembre de 2023 a 6.069 en la actualidad, una baja cercana al 22%.
En el plano financiero, la compañía cumplió compromisos de deuda heredados y redujo el saldo pendiente de obligaciones negociables a u$s46,5 millones, con vencimiento en mayo de 2026.
Además, volvió al mercado mediante un fideicomiso financiero por $30.000 millones, herramienta que permitió anticipar ingresos y fortalecer su capital de trabajo.
Inversiones y nuevo contrato antes de la licitación
A pesar de la mejora contable, el sistema de agua y saneamiento todavía enfrenta desafíos estructurales. AySA brinda servicio a más de 15 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 municipios del conurbano bonaerense, donde gran parte de la infraestructura requiere modernización.
En 2025 entró en funcionamiento el Sistema Riachuelo, una de las obras de saneamiento más importantes de las últimas décadas. El proyecto amplía la capacidad de transporte y tratamiento de efluentes y beneficia a unos 4,5 millones de habitantes.
Antes de concretar la privatización de AySA, el Gobierno planea firmar un nuevo contrato de concesión que podría extenderse entre 20 y 30 años. Allí se definirán las reglas de inversión, los estándares de calidad del servicio y el esquema tarifario.
La intención oficial es ofrecer un marco regulatorio estable que reduzca riesgos para los inversores y garantice financiamiento para las obras necesarias.
