Justicia rechaza sobreseimiento de Rodrigo Eguillor, el «Cheto de Banfield» por supuestos problemas psiquiátricos
En una decisión que marca un giro significativo en el caso de Rodrigo Eguillor, conocido en los medios como «el cheto de Banfield» e hijo de una fiscal de Lomas de Zamora, la Cámara de Casación porteña rechaza el sobreseimiento dictado anteriormente por supuestos problemas psiquiátricos.
Este joven, acusado de abuso sexual agravado por acceso carnal, privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas, se encontraba bajo la consideración de «incapacidad mental sobreviniente».
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¿Por qué pensaban detener el juicio?
En junio de este año, un tribunal oral había resuelto poner fin al procedimiento penal. Según informes médicos, indicaban que Eguillor padecía un «trastorno psicótico crónico no especificado». Se trata de «un trastorno de la personalidad de características crónicas y antecedentes de trastorno por uso de sustancias». Según estos informes, el joven podría necesitar «tratamiento psiquiátrico y psicológico de por vida».
La revocación del sobreseimiento implica que el proceso judicial continúa, aunque la Cámara de Casación ha decidido mantener «suspendido el proceso» a la espera de una evaluación continua de la salud mental del imputado.
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La decisión de revocar el sobreseimiento se basó en la premisa de que sería «prematuro clausurar el procedimiento» debido a la necesidad de resguardar el derecho a la defensa en juicio de Eguillor. Aunque el acusado se desvinculó del proceso y puesto bajo el cuidado de sus familiares, todas las partes apelaron esta decisión, llevando finalmente a la intervención de la Cámara de Casación.
Los jueces Mauro Divito, Gustavo Bruzzone y Jorge Rimondi, encargados de evaluar el caso, destacaron que si bien los informes médicos son concluyentes en sus resultados, no son absolutos, ya que mencionan posibles avances en los tratamientos que podrían mejorar la condición del imputado. Se subraya que la recuperación de Eguillor no se descarta de manera terminante y, por lo tanto, se considera prudente no cerrar definitivamente el caso.
Este revés legal pone de manifiesto la complejidad del caso Eguillor, generando un debate sobre la conexión entre la salud mental y la responsabilidad penal. Así como el desafío de equilibrar la protección de los derechos individuales con la búsqueda de la verdad y la justicia en los tribunales.