Una idea frente a la crisis económica
El Colegio de Martilleros Públicos de la Provincia de Buenos Aires presentó un proyecto novedoso: el «Alquiler Social». La idea consiste en eximir a los inquilinos de pagar comisiones, o informes de conexión de servicios. Aplicaría para alquileres de bajo costo. El diputado Rubén Eslaiman lo presentó en la legislatura.
Entrar a alquilar suele costar mucho más que el primer mes. Comisión inmobiliaria, sellado del contrato, certificaciones, informes registrales y los cargos por conexión o cambio de titularidad de los servicios pueden sumar varios alquileres juntos antes de mudarse. Sobre ese punto apunta el proyecto de Régimen de Alquiler Social bonaerense que presentó el Consejo Directivo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Martilleros BA).
La propuesta se entregó durante una reunión con el diputado provincial Héctor Rubén Eslaiman, del bloque Fuerza Patria, para que la estudie e impulse en la Cámara de Diputados bonaerense. Del encuentro participaron también Alfredo Lavalle, José María Sacco y el presidente del Colegio, Luis Colao.
Quiénes podrían acceder
El régimen alcanzaría a los contratos cuyo alquiler mensual inicial no supere el sueldo básico de la Categoría 20 (48 horas semanales) de los empleados de la administración pública provincial, regidos por la Ley 10.430. «El proyecto tiene por finalidad aliviar, a un segmento determinado, las erogaciones que debe afrontar un inquilino al ingresar a un inmueble», explicó Colao.
Qué costos dejaría de pagar el inquilino
Según detalló el Colegio, quienes entren en el régimen quedarían exentos de:
- Honorarios profesionales: la comisión del martillero o de cualquier profesional que intervenga en el contrato la pagaría el propietario, según las escalas de cada profesión.
- Informes del Registro de la Propiedad Inmueble: serían sin costo para el inquilino.
- Impuesto de Sellos: se propone revisar el tope de valuación fiscal que hoy define quién queda exento.
- Certificaciones: para dar de alta los servicios alcanzaría con presentar el contrato con firmas certificadas por el Juzgado de Paz o, si intervino un profesional, con su firma, sello y la certificación del Colegio. En todos los casos, gratis para el inquilino.
- Cargos de las empresas de servicios: no se cobrarían conexión, reconexión, depósito en garantía ni cambio de titularidad.
Beneficios para los propietarios
Como contrapartida, el proyecto plantea un régimen de incentivo y simplificación fiscal para los dueños de viviendas que cumplan esas condiciones y las pongan en alquiler, con exención de impuestos provinciales. Además, invita a los municipios a adherir con exenciones de tasas y derechos locales. «La vivienda es un rol indelegable del Estado»
Colao sostuvo que la clave de la propuesta es la segmentación: «Dividir en grupos, subgrupos o regiones para asistirlos en forma selectiva implica poner una mirada mucho más justa, sobre todo en una provincia tan vasta y compleja socialmente como la nuestra».
También aclaró el límite de la iniciativa: «No son los locadores ni los profesionales quienes deben suplir los déficits en materia habitacional, ya que ese es un rol indelegable del Estado, pero el esfuerzo conjunto del Estado, los propietarios y los profesionales podrá facilitar el ingreso al mercado locativo de los sectores de menores ingresos».
El contexto
El proyecto llega en un mercado de alquileres sin ley específica desde diciembre de 2023, cuando el DNU 70/2023 derogó la Ley de Alquileres y dejó a propietarios e inquilinos libres para pactar plazos, moneda y actualizaciones. Por ahora se trata de una propuesta del sector profesional. Para avanzar, tiene que ingresar formalmente como proyecto de ley, pasar por comisiones y aprobarse en ambas cámaras de la Legislatura.
