Llevaron pancartas que decían «La justicia nos olvidó»
Familiares de víctimas de inseguridad marcharon a los tribunales de Lomas a reclamar por sus causas. Acusan que la justicia, las olvidó. Todo esto en el marco del temporal freno a la implementación del Nuevo Régimen Penal Juvenil. Dicha medida sufrió el parate a manos de la jueza Pascual, aunque luego la justicia le revocó la solicitud.
Toda la discusión sobre el Régimen Penal Juvenil pasó, durante diez días, por juzgados, cámaras y proyectos de jury. El miércoles a las diez de la mañana tuvo, por primera vez, caras. Un grupo de madres y familiares de víctimas de delitos se concentró frente al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, en Talcahuano 278, Banfield. Es el juzgado de la jueza Marta Pascual, la misma que el 7 de septiembre había suspendido por sesenta días la aplicación de la ley 27.801 en toda la provincia y a la que la Cámara le revocó el fallo el lunes.
Quiénes estuvieron
Entre las presentes estuvo Laura Fernández, madre de Lara Valentina Fernández, asesinada a los 17 años el 1 de enero de 2022 durante un robo en Lomas de Zamora. «La Justicia nos tiene olvidadas.» Fernández planteó además que las víctimas necesitan estar presentes en las instancias que las involucran, y sostuvo que «la ley nos ampara y nos protege».
También participaron María Eugenia Rodríguez, madre de Uma Aguilera; familiares de Roberto Sabo, el kiosquero asesinado en Ramos Mejía; y familiares de Valentín Bossa, de 18 años, asesinado en San Martín. Los acompañó el abogado Fernando Soto, que celebró la revocación del habeas corpus.
Familiares de víctimas de inseguridad: qué reclaman
El planteo tiene dos partes. La primera es general y excede a esta causa: piden celeridad y respuestas en los expedientes de sus propios casos, y ser escuchadas en el proceso. La segunda es puntual: repudian la decisión de la jueza de haber suspendido la aplicación de la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años para determinados delitos.
Cómo llegó la causa hasta acá
Conviene reconstruir la secuencia, porque en diez días pasaron muchas cosas. La ley 27.801 entró en vigencia el 5 de septiembre. Dos días después, Pascual hizo lugar a un habeas corpus colectivo preventivo presentado por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo y suspendió su aplicación por sesenta días, con el argumento de que no hay infraestructura para alojar a los adolescentes que la norma haría ingresar al sistema. Citó como ejemplo el Centro Socioeducativo de Lomas, con un tope de sesenta plazas fijado por sus condiciones de habitabilidad.
La fiscalía apeló el 9 de septiembre. Tres bloques de la Legislatura bonaerense presentaron pedidos de jury contra la jueza y la organización Usina de Justicia la denunció penalmente. El lunes 15, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas revocó la medida: sostuvo que ningún juez puede hacer caer la vigencia general de una ley y que, en cambio, cada magistrado debe resolver caso por caso cuando las condiciones de detención de un adolescente se deterioren. La ley volvió a regir.
Esta semana, además, trabajadores nucleados en ATE denunciaron que el Centro Socioeducativo de Lomas —el establecimiento que la jueza había citado— funciona sin gas natural, con tres de sus cuatro módulos operativos y con alrededor de sesenta adolescentes alojados. El instituto no depende del Municipio: depende del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Y del otro lado, la Asociación Judicial Bonaerense se pronunció contra los ataques a la magistrada y pidió que cesen.
Las dos cosas que se discuten al mismo tiempo
Lo que hace difícil este conflicto es que se superponen dos discusiones distintas, y cada parte habla de una. Una es si la ley debe aplicarse. Esa ya la resolvió la Cámara: sí, y no es competencia de un juez suspenderla. La otra es dónde se aloja a los adolescentes que ingresen al sistema. Esa sigue abierta y no la resolvió nadie: la Cámara la reenvió a cada expediente.
Los familiares de víctimas de inseguridad que marcharon el miércoles reclaman por la primera. Los trabajadores del instituto y quienes presentaron el habeas corpus hablan de la segunda. No se están contestando entre sí. Y en el medio, la causa que empezó siendo una discusión sobre plazas edilicias terminó con una jueza denunciada penalmente y con tres pedidos de enjuiciamiento en la Legislatura.
