Acusó que deben saber si el presidente está apto para gobernar o no
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó este martes un pedido de acceso a la información pública dirigido a la Jefatura de Gabinete de Ministros, con copia a la Presidencia, para que el Estado informe si el presidente Javier Milei fue sometido a algún examen, junta médica, certificado, protocolo o evaluación que haya determinado su aptitud psicofísica o psicológica para ejercer el cargo.
El pedido agrega que, en caso de que no exista ninguno, se realice de manera inmediata. Rodolfo Aguiar, fue absolutamente tajantes. Dijo que «no hace falta ser médico para saber que Milei tiene psicosis y desequilibrios evidentes».
Examen a Milei: en qué se apoya el planteo
El gremio invocó dos normas. La primera es la ley 27.275 de acceso a la información pública, que habilita a cualquier persona a solicitar información en poder del Estado sin necesidad de justificar el motivo del pedido y obliga al organismo requerido a responder en plazos determinados.
La segunda es la ley 25.164, el marco regulatorio del empleo público nacional, que establece que los trabajadores del Estado deben someterse a exámenes psicofísicos preocupacionales y periódicos para acceder y permanecer en el cargo.
Sobre esa asimetría se construye el argumento central: el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que resulta inaceptable que los empleados públicos deban aprobar exámenes médicos y que no exista la misma exigencia para la máxima autoridad política y administrativa del país. «Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir.»
El gremio anunció además que impulsará un proyecto para que todos los candidatos a cargos electivos deban rendir un examen médico preocupacional y presentar un certificado de aptitud psicofísica a partir de 2027.
Las declaraciones de Rodolfo Aguiar
El anuncio del pedido llegó acompañado de afirmaciones del dirigente que conviene distinguir con claridad del contenido de la presentación.
Aguiar dijo que «no hace falta ser un profesional de la medicina» para saber que Milei «padece algún tipo de psicosis», y sostuvo que los desequilibrios mentales del Presidente «son muy evidentes». También planteó que la salud de un mandatario no es exclusivamente privada cuando está vinculada a su capacidad para ejercer el cargo. Eso es una opinión de un dirigente gremial, no un diagnóstico.
Y conviene señalarlo por dos motivos. El primero es de precisión: un diagnóstico psiquiátrico requiere una evaluación clínica personal, y las asociaciones profesionales desaconsejan expresamente emitir diagnósticos a distancia sobre figuras públicas. El segundo es de responsabilidad: usar términos clínicos como insulto político refuerza el estigma sobre las personas que efectivamente atraviesan padecimientos de salud mental, que son muchas y que en su enorme mayoría no representan ningún peligro para nadie. El pedido de información, en cambio, es un acto administrativo verificable y con respuesta obligatoria. Son dos cosas distintas y merecen leerse por separado.
Detalles de la solicitud de ATE
- Exigir que el Gobierno informe si existe algún examen, junta médica, certificado, protocolo o dictamen que haya evaluado la aptitud psicofísica y/o psíquica del Presidente para ejercer el cargo.
- Si existe esa evaluación, informar la fecha, el organismo o profesional que intervino y el resultado, limitado a si fue considerado “apto” o “no apto”, sin solicitar información clínica, diagnósticos ni historia médica.
- Informar si existe normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente, y, en caso afirmativo, entregar una copia.
- Si el Gobierno decide rechazar total o parcialmente el pedido, ATE exige que la negativa sea fundada por escrito, indicando específicamente qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública se invoca y aplicando el correspondiente test de daño e interés público.
- En caso de que no exista ningún tipo de exámen o apto médico realizado, que el mismo sea efectuado a los efectos de constatar si el presidente de encuentro en todas sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.
Qué falta
Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta oficial del Gobierno nacional al pedido. La ley 27.275 fija plazos para contestar, de modo que el próximo capítulo de esta historia tiene fecha: la respuesta de la Jefatura de Gabinete, o su silencio.
