Familiares de víctimas de inseguridad marcharán este miércoles a los Tribunales de Lomas de Zamora para reclamar justicia y cuestionar una decisión sobre el régimen penal juvenil
Familiares y allegados de víctimas de la inseguridad marcharán este miércoles hacia los Tribunales de Lomas de Zamora para reclamar justicia y cuestionar una decisión judicial relacionada con el régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La movilización comenzará a las 10 en Talcahuano 278, Banfield, frente al Juzgado de Responsabilidad Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora. Los manifestantes también expresarán su rechazo a una resolución de la jueza Marta Pascual, quien había suspendido la aplicación de una modificación de la Ley Penal Juvenil que establecía la punibilidad desde los 14 años.
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El reclamo de los familiares
Laura Fernández, madre de Lara Fernández, una adolescente de 17 años asesinada de un disparo durante la madrugada del 1 de enero de 2022 en Lomas de Zamora, señaló que la marcha busca visibilizar los reclamos de las familias afectadas por hechos de inseguridad.
La joven murió en un episodio en el que estuvo involucrado un grupo de adolescentes. Fernández sostuvo que otro de los objetivos de la movilización es reclamar justicia por las víctimas. Además, cuestionó el funcionamiento de la Justicia en relación con quienes sufren delitos y manifestó su postura sobre el tratamiento de los menores que cometen hechos delictivos.
Sus declaraciones reflejan la posición de una de las familiares que participarán de la protesta y forman parte del reclamo que será llevado este miércoles a los Tribunales de Lomas de Zamora.
La Cámara Penal revocó el fallo
La movilización se realizará luego de que la Cámara en lo Penal de Lomas de Zamora revocara este martes la resolución de Pascual sobre la Ley Penal Juvenil en territorio bonaerense. La jueza había fundamentado su decisión en la falta de infraestructura y recursos suficientes en la provincia para afrontar un eventual aumento de adolescentes incorporados al sistema penal.
Pascual también había advertido que las medidas de encierro sin acompañamiento educativo ni tratamientos adecuados no necesariamente generan mejores resultados en materia de seguridad. Con la decisión de la Cámara, el escenario judicial cambió antes de la protesta convocada por familiares y allegados de víctimas.