Sin gas y con tres de cuatro módulos: Trabajadores nucleados en ATE denuncian hacinamiento en el instituto de menores de Lomas de Zamora
Toda la discusión nacional sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil pasa, desde hace una semana, por un instituto de menores de Lomas de Zamora. Es el establecimiento que la jueza Marta Pascual citó en el fallo con el que suspendió la ley 27.801 en toda la provincia, y el mismo que la fiscalía mencionó al apelar esa decisión. Hasta ahora, la discusión fue sobre papeles. Esta semana aparecieron los que trabajan adentro.
Trabajadores nucleados en ATE, a través del delegado Marcelo Brizuela, denunciaron públicamente las condiciones del Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, conocido en el barrio como el ex CREU.
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El Centro Socioeducativo depende del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), que funciona en la órbita del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y está a cargo de Nancy Andrea Cáceres desde abril de 2024. Es ese organismo el que administra los dispositivos de responsabilidad penal juvenil en todo el territorio bonaerense: los presupuestos, las obras, el personal y las plazas se deciden en La Plata.
Qué denuncian los trabajadores
Según lo planteado por ATE, el cuadro dentro del establecimiento es el siguiente:
- No hay gas natural.
- Hay problemas en los baños y en el sistema de agua.
- De los cuatro módulos del centro, sólo tres están operativos.
- Hay alrededor de sesenta adolescentes alojados, en condiciones que el gremio describe como de hacinamiento.
El delegado lo resumió en una frase: «El sistema no está a la altura para acompañar en su tránsito a los jóvenes que se encuentran en privación de libertad.»
La otra mitad del reclamo: los que trabajan ahí
La denuncia gremial tiene un segundo capítulo, que es la situación del personal. Según ATE, los trabajadores cubren turnos de doce horas por poco más de un millón de pesos y acumulan demoras en el cobro que llegan a los siete meses. «Terminan laburando gratis meses hasta poder cobrar.»
Los reclamos concretos son cuatro: pases a planta permanente, cobro en fecha, rotación funcional para reducir el desgaste psíquico de quienes trabajan en contacto permanente con adolescentes privados de libertad, e inversión en políticas de inclusión social en lugar de encierro.
Ese último punto vale una aclaración, porque define la posición del gremio: los trabajadores del sistema no están pidiendo más plazas ni más institutos. Están pidiendo que se invierta en evitar que los pibes lleguen ahí.
Por qué aparece justo ahora
El momento de la denuncia no es casual, y conviene entender la secuencia. La ley 27.801, que entre otras cosas baja la edad de imputabilidad a los 14 años, entró en vigencia el 5 de septiembre. Dos días después, la jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a un habeas corpus colectivo preventivo y suspendió su aplicación por sesenta días en toda la provincia, con el argumento de que no hay infraestructura para alojar a los adolescentes que la norma haría ingresar al sistema. El ejemplo que usó fue el tope de sesenta plazas de este mismo establecimiento, fijado por sus condiciones de habitabilidad.
La fiscalía apeló y sostuvo, entre otros argumentos, que el cupo de un solo establecimiento no alcanza para justificar la suspensión de una ley en toda la provincia sin un relevamiento del resto de las jurisdicciones. En paralelo, tres bloques de la Legislatura bonaerense presentaron pedidos de jury contra la jueza.
Lo que agrega la denuncia de ATE es una descripción del lugar concreto, hecha por quienes entran todos los días. Y llega a la víspera de la audiencia prevista para este miércoles a las 10 en los tribunales de Lomas, en la que las autoridades provinciales de seguridad, niñez y justicia deben presentar el plan de implementación de la ley: infraestructura disponible, plazos y recursos.
Un historial que no empezó esta semana
El establecimiento no es nuevo en la agenda. En mayo de 2023 un motín se extendió durante siete horas y dejó dos trabajadores lesionados. Y en 2015, el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria había documentado allí aislamientos prolongados, escolaridad reducida a una hora y media diaria, atención médica limitada a dos días por semana, baños clausurados y filtraciones. El organismo había pedido el cierre total del lugar. No se cerró.
Once años separan aquel informe de la denuncia de esta semana, y en el medio cambió la ley, cambió el nombre del establecimiento y cambió el gobierno provincial más de una vez. La descripción del edificio, en cambio, se parece bastante.
Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta pública del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia a los planteos del gremio.
