Tres bloques legislativos piden el enjuiciamiento de la jueza de Lomas que suspendió el Régimen Penal Juvenil: La audiencia clave se hace el miércoles en tribunales
La decisión de una jueza de Lomas de Zamora de suspender por sesenta días el nuevo Régimen Penal Juvenil en toda la provincia de Buenos Aires abrió, en una semana, tres frentes: una apelación fiscal, tres pedidos de jury en la Legislatura y una denuncia penal. El miércoles se define el próximo capítulo, y se define en tribunales de Lomas.
La ley 27.801, que entre otras cosas baja la edad de imputabilidad, entró en vigencia el 5 de septiembre. Dos días después, el lunes 7, la jueza Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a un habeas corpus colectivo preventivo presentado por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo y suspendió la aplicación de la norma por 60 días en todo el territorio bonaerense.
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Su argumento fue de infraestructura: sin lugares en condiciones para alojar a los adolescentes que la nueva ley haría ingresar al sistema, aplicarla derivaría en situaciones violatorias de derechos fundamentales. El ejemplo que usó fue el Centro Socioeducativo de su propio distrito, que tiene un tope de 60 plazas fijado por sus condiciones de habitabilidad.
«Hacinar ‘menores’, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia», escribió la jueza en el fallo.
Los tres pedidos de jury
La reacción política no tardó. Tres bloques de la Legislatura bonaerense presentaron pedidos de enjuiciamiento contra Pascual:
- La Libertad Avanza, que anunció su intención apenas se conoció el fallo.
- PRO, con la presentación del senador Guillermo Montenegro.
- Hechos, con la presentación del diputado Manuel Passaglia.
Montenegro sostuvo que «los jueces no están para decidir qué leyes les gustan y cuáles no». Passaglia planteó que la magistrada «se extralimitó» y que no tenía facultades para frenar una ley sancionada a nivel nacional.
A eso se suma una denuncia penal presentada por la organización civil Usina de Justicia por presunto abuso de autoridad y usurpación de funciones. Del otro lado, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) pidió medidas de protección y reclamó que cese el «hostigamiento» contra la jueza y su personal.
La apelación de la fiscalía
En paralelo, el fiscal Hernán Ceruti apeló la resolución y pidió que la Cámara revise los fundamentos y determine si la suspensión debe mantenerse.
La presentación fiscal se apoya, entre otros puntos, en que el habeas corpus exige una amenaza concreta y actual y no sirve para prevenir daños hipotéticos; en que no hay en el expediente un caso individual ni un acto estatal identificado que viole la libertad de un adolescente bajo la nueva ley; en que la jueza avanzó sobre facultades del Congreso al suspender una ley de fondo; y en que el tope de plazas de un solo establecimiento no alcanza para justificar la suspensión en toda la provincia sin un relevamiento del resto de las jurisdicciones.
La fiscalía sostuvo además que la medida fue prematura, porque se dictó antes de la audiencia prevista para esta semana.
La audiencia del miércoles
Ese es el punto que conviene seguir. El miércoles 16 de septiembre, a las 10, en los tribunales de Lomas de Zamora, se realiza una audiencia en la que las autoridades provinciales de seguridad, niñez y justicia deben presentar el plan de implementación de la ley: infraestructura disponible, plazos y recursos.
Es decir: la discusión que se dio en términos políticos durante toda la semana vuelve, el miércoles, al terreno concreto de cuántos lugares hay, en qué estado están y en cuánto tiempo puede haber más.
Por qué todo esto pasa en Lomas
No es casualidad que el conflicto tenga domicilio en el distrito. El instituto que la jueza usó como ejemplo está en Lomas. El juzgado que suspendió la ley es de Lomas. La fiscalía que apeló es de Lomas. Y la audiencia que puede destrabar el asunto se hace en Lomas.
El Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatoria del distrito no es nuevo en la agenda: en mayo de 2023 un motín en el establecimiento se extendió durante siete horas y dejó dos trabajadores lesionados, y en 2015 el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria había documentado allí aislamientos prolongados, escolaridad reducida y deterioro edilicio, y había pedido su cierre.
Once años después, la discusión sigue girando sobre el mismo eje: si un sistema que no da abasto con los adolescentes que ya tiene adentro está en condiciones de recibir más.
