La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a un proyecto que busca fortalecer las herramientas contra la discriminación en la provincia de Buenos Aires, en medio de un debate que su propio autor vinculó directamente con el discurso político que baja desde el Gobierno nacional.
La iniciativa fue impulsada por el diputado Alexis Guerrera y ahora deberá ser tratada por el Senado bonaerense. Además de ampliar las situaciones alcanzadas por la legislación, introduce un cambio importante para las víctimas: modifica la forma en que deberán probarse los actos discriminatorios ante la Justicia.
Pero el proyecto no fue presentado solamente como una actualización legal.
Durante su defensa en la Legislatura, Guerrera sostuvo que la iniciativa responde al actual contexto político y social del país y habló de una “bajada política innegable” que busca naturalizar la discriminación y el señalamiento de distintas condiciones humanas.
Tras conseguir la media sanción, el legislador profundizó ese planteo con un video en el que recopiló distintas declaraciones públicas del presidente Javier Milei que fueron cuestionadas por su contenido discriminatorio.
Un presidente dando el ejemplo desde el máximo nivel del poder
El video difundido por Guerrera comienza con una pregunta concreta: qué herramientas tiene, por ejemplo, el padre de un chico con síndrome de Down cuando una autoridad utiliza una condición vinculada a su hijo como forma de insultar o descalificar.
A partir de allí aparecen distintas expresiones pronunciadas por Milei durante los últimos años.
Entre ellas se incluyen referencias a la denominada “ideología de género” vinculándola con la pedofilia, expresiones como “minusválido” para atacar adversarios políticos, referencias a personas con “problemas mentales” y el uso de términos históricamente asociados al síndrome de Down como insulto.
También se recupera la expresión “parásitos mentales”, utilizada en diferentes oportunidades contra adversarios y empleados públicos.
Varias de esas declaraciones provocaron en su momento el rechazo de organizaciones vinculadas a personas con discapacidad y otros colectivos, que advirtieron que utilizar esas condiciones como formas de descalificación contribuye a reforzar prejuicios y estigmas.
El planteo que sostiene el proyecto bonaerense es justamente que cuando determinadas formas de discriminación son utilizadas o legitimadas desde lugares de enorme exposición pública, pueden terminar naturalizándose en el resto de la sociedad.
“Hay un sector político que quiere poner de moda la discriminación”
La vinculación con el escenario nacional quedó explícitamente planteada durante el tratamiento legislativo.
Guerrera sostuvo que existe un sector de la política argentina que viene intentando “poner al racismo o la discriminación de moda” y cuestionó que determinadas expresiones sean pronunciadas en redes sociales y frente a micrófonos sin posteriores retractaciones.
El legislador señaló además que la Provincia pretende dar un mensaje político frente a ese escenario: no naturalizar el destrato, la humillación ni la discriminación como formas aceptables de convivencia pública.
El proyecto obtuvo media sanción en Diputados y pasó al Senado bonaerense, donde deberá conseguir los votos necesarios para convertirse en ley.
Qué cambia concretamente la ley contra la discriminación
Más allá del fuerte contexto político que rodea al proyecto, la iniciativa incorpora modificaciones concretas.
Amplía las categorías que podrán ser contempladas frente a un acto discriminatorio e incorpora expresamente cuestiones como:
- color de piel y etnia;
- origen nacional y social;
- situación migratoria;
- lengua o idioma;
- edad;
- estado civil;
- situación o responsabilidad familiar;
- trabajo u ocupación;
- discapacidad;
- condiciones de salud;
- perfil genético;
- antecedentes penales;
- hábitos personales, sociales o culturales.
De esta manera, la Provincia busca contar con una legislación propia más amplia que complemente el marco establecido por la normativa nacional.
El cambio más importante: quién debe probar la discriminación
Uno de los puntos centrales está en el procedimiento judicial.
Actualmente, una de las principales dificultades para quienes denuncian discriminación es conseguir pruebas suficientes para demostrar que una determinada conducta tuvo efectivamente una motivación discriminatoria.
El proyecto busca modificar ese escenario.
Una vez acreditado el hecho denunciado y demostrada la pertenencia de la persona afectada a un grupo históricamente discriminado, podrá presumirse la existencia del acto discriminatorio.
A partir de allí, será la parte denunciada la que deberá presentar una explicación objetiva y razonable y demostrar que su conducta tuvo una causa legítima y no discriminatoria.
El objetivo es evitar que las víctimas tengan que afrontar lo que Guerrera definió como la obligación de “probar lo imposible”, una situación que, según sostuvo, provoca que numerosas denuncias terminen archivadas.
De los dichos de Milei a una respuesta legislativa en Provincia
El debate que ahora llegará al Senado bonaerense plantea así una discusión que va más allá del articulado de una ley.
Para quienes impulsan la iniciativa, existe una relación entre el lenguaje utilizado desde los lugares de mayor poder político y las conductas que después pueden legitimarse socialmente.
De allí que Guerrera haya utilizado directamente declaraciones del Presidente como ejemplo para reclamar el fortalecimiento de la legislación.
El video difundido tras la media sanción termina preguntando: “¿A dónde recurre quien se siente discriminado?”
Según su autor, esa es precisamente la respuesta que pretende ofrecer la nueva norma: establecer un marco más claro para denunciar, investigar y actuar frente a situaciones de discriminación en la provincia de Buenos Aires.
Ahora la decisión quedará en manos del Senado bonaerense.
