Presentaron un proyecto para que extranjeros sin residencia permanente paguen por la salud y la educación pública en la Provincia
Un proyecto de ley impulsado por el diputado bonaerense Agustín Romo, de La Libertad Avanza, propone modificar las condiciones de acceso gratuito a los servicios públicos de salud y educación superior para los ciudadanos extranjeros en la provincia de Buenos Aires. La iniciativa plantea que quienes no acrediten residencia permanente deban abonar tanto la atención médica en hospitales provinciales como las carreras de grado que cursen en universidades de gestión estatal dependientes de la Provincia.
La propuesta se presentó en la Legislatura bonaerense con el respaldo de legisladores de La Libertad Avanza y del diputado del PRO Guillermo Montenegro. A partir de ahora, el texto deberá analizarse en las comisiones correspondientes antes de avanzar en el tratamiento parlamentario.
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Según argumenta Romo, el objetivo es que el acceso gratuito a estos servicios quede reservado para quienes poseen residencia permanente, al considerar que los hospitales y universidades provinciales se financian con los impuestos que pagan los bonaerenses. En ese sentido, sostiene que los extranjeros con permanencia temporaria o transitoria deberían asumir el costo de las prestaciones que reciban.
Cómo funcionaría el sistema de cobro
En materia sanitaria, el proyecto establece que los extranjeros sin residencia permanente deberán pagar las consultas, estudios, tratamientos y demás prestaciones brindadas por el sistema de salud provincial. El costo podrá cubrirse mediante un seguro médico, el pago directo del paciente o por un tercero responsable.
Además, la iniciativa asigna al Ministerio de Salud bonaerense la responsabilidad de fijar los valores de cada prestación y publicarlos en un nomenclador oficial. Por su parte, el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) será el encargado de registrar las atenciones, identificar a los pacientes alcanzados por la norma y gestionar la recuperación de los gastos efectuados por los hospitales.
No obstante, el texto aclara que el cobro no podrá impedir la atención en situaciones de emergencia. En los casos en que la vida del paciente se encuentre en riesgo, el hospital deberá brindar asistencia inmediata sin exigir un pago previo ni demorar la atención por cuestiones vinculadas a la situación migratoria. Una vez superada la urgencia, el sistema podrá iniciar el procedimiento correspondiente para recuperar los costos de la prestación.
El proyecto también contempla excepciones al arancelamiento. Entre ellas se encuentran las campañas de vacunación, la atención de enfermedades transmisibles cuando exista un motivo de salud pública y la asistencia a víctimas del delito de trata de personas.
El alcance para las universidades provinciales
La iniciativa también propone cambios en el acceso a la educación superior de gestión provincial. De convertirse en ley, los estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente deberán pagar por las carreras de grado que cursen en universidades bonaerenses.
Cada institución será la encargada de definir el monto de los aranceles y el mecanismo de cobro, a través de sus propios órganos de gobierno, que deberán adecuar su normativa interna a la eventual nueva legislación.
Entre las instituciones alcanzadas por la propuesta se encuentran la Universidad Provincial del Sudoeste y la Universidad Provincial de Ezeiza. Asimismo, el proyecto menciona al Programa Puentes, que lleva ofertas académicas universitarias a distintos municipios de la provincia. Aunque no especifica cómo se implementaría el cobro dentro de ese esquema.
Ese aspecto podría convertirse en uno de los principales puntos de debate durante el tratamiento legislativo. El programa funciona mediante convenios entre la Provincia, los municipios y diferentes universidades. Eo que requerirá determinar qué institución será responsable del eventual arancelamiento y cuáles serán los estudiantes alcanzados por la medida.
