La Libertad Avanza impulsa un proyecto para prohibir celulares en cárceles y frenar delitos organizados desde los penales
La propuesta de prohibir celulares en cárceles volvió a instalarse en la agenda política tras un proyecto presentado por La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. La iniciativa busca frenar delitos organizados desde los penales, como estafas virtuales y maniobras del crimen organizado.
El proyecto fue impulsado por la diputada Silvana Giudici y propone modificar la Ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertad para establecer una prohibición general del uso de dispositivos móviles en cárceles.
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Qué plantea el proyecto
La iniciativa establece la prohibición de la tenencia, uso, comercialización o ingreso de celulares y otros dispositivos de comunicación dentro de los establecimientos penitenciarios. Esto incluye teléfonos, tarjetas SIM, módems, routers portátiles y cualquier herramienta que permita el acceso a redes o la transmisión de datos.
Según el texto, los internos solo podrán utilizar equipos informáticos autorizados por el sistema penitenciario, exclusivamente en el marco de programas educativos o laborales y bajo supervisión.
El argumento: delitos desde las cárceles
Desde el oficialismo sostienen que prohibir celulares en cárceles es clave para combatir delitos que se organizan desde el interior de los penales.
Entre ellos, se destacan estafas telefónicas, extorsiones, manejo de cuentas bancarias y coordinación de bandas delictivas. Según Giudici, el uso de estos dispositivos permite que los internos continúen operando fuera de prisión.
Antecedentes y contexto
El proyecto retoma medidas previas implementadas durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se avanzó en la prohibición del uso de celulares y la instalación de inhibidores de señal.
Sin embargo, en 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, se habilitó el uso de teléfonos móviles en cárceles en el contexto de la pandemia, para facilitar la comunicación con familiares. Desde entonces, el tema genera debate por la falta de controles y el posible uso delictivo de estos dispositivos.
La iniciativa para prohibir celulares en cárceles abre una discusión sobre seguridad, derechos de los detenidos y control estatal dentro del sistema penitenciario. El proyecto cuenta con el respaldo de varios diputados oficialistas y ahora deberá ser tratado en el Congreso, donde se espera un fuerte debate político.
