El paro universitario entra en su tercera semana con fuerte adhesión y reclamos por salarios y financiamiento educativo
El paro universitario en Argentina inicia su tercera semana este lunes 30, con una fuerte adhesión de docentes y trabajadores que reclaman mejoras salariales y la aplicación inmediata de la ley de financiamiento universitario. La medida busca visibilizar la crítica situación que atraviesan las casas de estudio en todo el país.
La protesta es impulsada por las federaciones gremiales CONADU Histórica y CONADU, que denuncian un marcado deterioro del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación.
Reclamo salarial y pérdida de ingresos
Uno de los ejes centrales del paro universitario es la recomposición salarial. Según datos difundidos por docentes de la Universidad de Buenos Aires, el salario real se encuentra en niveles críticos.
El informe señala que los ingresos actuales están más de un 35% por debajo de los valores de noviembre de 2023, e incluso por debajo de los registros más bajos de 2004. Esta situación, advierten, impacta directamente en las condiciones laborales y en la calidad educativa.
Universidades paralizadas y medidas de fuerza
El paro universitario afecta a numerosas instituciones del país. Facultades y universidades permanecen cerradas debido a la adhesión a la medida.
Entre ellas, la Universidad Nacional de Luján lleva adelante una semana completa de paro docente y no docente, mientras que en la Universidad Nacional de La Plata, a través del gremio ADULP, también se definieron acciones de protesta durante toda la semana.
Un conflicto que podría escalar
Además del cese de actividades, se prevén concentraciones y posibles movilizaciones en distintas sedes universitarias. Aunque aún no se confirmaron fechas ni horarios, las medidas forman parte de un plan de lucha más amplio en defensa del financiamiento educativo.
El paro universitario se consolida así como uno de los principales focos de conflicto en el ámbito educativo, con reclamos que combinan la urgencia salarial con la necesidad de garantizar recursos para el funcionamiento de las universidades públicas.