Argentina alcanzó un principio de acuerdo con fondos buitre que mantenían demandas contra el país por el default de 2001 y, tras el entendimiento preliminar, las partes solicitaron suspender el litigio que se desarrolla en los tribunales de Nueva York.
El acuerdo involucra a los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, que contaban con fallos judiciales favorables por más de 500 millones de dólares. El entendimiento fue comunicado ante la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
Pedido para suspender el proceso judicial
Tras el avance en las negociaciones, los abogados del Estado argentino y los representantes de los acreedores presentaron un escrito conjunto ante la magistrada.
En el documento señalaron que, a partir del principio de acuerdo con fondos buitre, ambas partes solicitaron que el tribunal suspenda el proceso judicial en curso mientras se completa el acuerdo de conciliación.
Además, pidieron dejar en suspenso una moción presentada por Bainbridge en octubre de 2025. Ese recurso reclamaba la entrega de activos argentinos, entre ellos la participación estatal en el Banco de la Nación Argentina y en Aerolíneas Argentinas.
Los montos de las demandas
Los fondos acreedores tenían sentencias firmes a su favor por cifras millonarias.
Bainbridge contaba con un fallo por aproximadamente 95 millones de dólares más intereses. Por su parte, Attestor había obtenido una sentencia favorable por unos 460 millones de dólares.
Con el principio de acuerdo con fondos buitre, esos reclamos quedarían momentáneamente en pausa mientras se termina de formalizar la conciliación.
El reparto de los activos embargados
El especialista en deuda soberana Sebastián Marill explicó que los holdouts también alcanzaron un entendimiento entre ellos para repartirse el colateral de los Bonos Brady que habían sido embargados a la Argentina.
Estos activos se encontraban depositados en la Reserva Federal de Estados Unidos y formaban parte de los recursos utilizados como garantía en los litigios.
Durante los últimos años, los acreedores habían impulsado distintas estrategias judiciales para cobrar los montos reclamados. Entre ellas, el pedido de entrega de acciones estatales en empresas públicas.
Si bien el principio de acuerdo con fondos buitre implica un avance en la negociación, todavía no está claro si otros recursos judiciales también quedarán sin efecto, como el reclamo vinculado a las acciones estatales de YPF.
