El paro de la CGT comenzó a la medianoche con impacto en todo el país y desató un fuerte cruce con el Gobierno nacional, que calificó la medida de “perversa” y “extorsiva”. La huelga general de 24 horas fue convocada en rechazo a la reforma laboral que este jueves se debate en la Cámara de Diputados.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó con dureza la protesta y sostuvo que afecta a quienes desean asistir a sus puestos de trabajo. “Si te cortan el transporte, aunque quieras trabajar, no podés hacerlo”, afirmó en declaraciones públicas.
Qué servicios están afectados
El paro de la CGT cuenta con la adhesión de gremios del transporte, entidades bancarias y sindicatos del comercio, lo que genera complicaciones en la movilidad y en la actividad económica.
Si bien en un primer momento se evaluó realizar una movilización frente al Congreso, la central sindical descartó esa posibilidad y ratificó el cese total de actividades. Desde la conducción explicaron que el objetivo es que “no haya nadie en la calle” como señal de rechazo a la iniciativa oficial.
En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó su participación en la huelga, aunque anticipó que realizará una manifestación frente al Palacio Legislativo. También se sumó el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que nuclea a la UOM, Aceiteros y las dos CTA.
El Gobierno endurece su postura
Ante el alcance del paro de la CGT, el Ejecutivo comunicó que descontará el día a los empleados estatales que adhieran a la medida. La decisión profundiza la tensión en un contexto político ya atravesado por el debate de la reforma laboral.
Durante sus declaraciones, Adorni también se refirió al cierre de una fábrica de neumáticos que dejó a más de 900 operarios sin empleo, un caso que se convirtió en otro foco de discusión sobre el rumbo económico y laboral.
El conflicto sindical se produce en un momento clave para el oficialismo, que busca avanzar con cambios estructurales en el mercado de trabajo. La jornada se desarrolla con monitoreo permanente de la Casa Rosada, mientras el Congreso define el futuro de la reforma.