Tras ser derrotado en el Congreso, el gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero suspendió su entrada en vigencia hasta que el Parlamento defina de dónde saldrán los fondos. La maniobra fue leída como una jugada mezquina que vacía de contenido una ley que había sido impulsada por la movilización social y aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras, incluso luego del veto presidencial.
La norma, que prevé un gasto equivalente al 0,35% del PBI, apunta a reforzar el acceso a pensiones no contributivas, actualizar aranceles del programa Incluir Salud y garantizar cobertura a prestadores. Pero el Ejecutivo la congeló invocando la falta de partidas presupuestarias. La decisión llegó el mismo día en que el gobierno anunció la eliminación temporal de retenciones a las exportaciones agrícolas, un gesto hacia el sector más concentrado del agro que dejará al Estado sin ingresos clave.
Desde los colectivos vinculados a la Discapacidad denuncian que el Ejecutivo no solo desconoce una ley vigente, sino que persiste en una política de vaciamiento. Señalan como antecedentes la crisis de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, los operativos irregulares para dar bajas de manera exprés, y la parálisis del nomenclador de prestadores, que dificulta el acceso a terapias y profesionales.
En paralelo al freno a la ley, el gobierno intentó atenuar el malestar reasignando una mínima parte del presupuesto para actualizar prestaciones, aunque apenas representa el 4% de los fondos que la Emergencia preveía.
La jugada, para muchos, es un anticipo del camino que Milei seguiría en caso de que el Congreso avance con los rechazos a sus vetos sobre otras leyes sensibles, como la de Financiamiento Universitario o la Emergencia Pediátrica: reglamentar, pero no aplicar.
El trasfondo es político. La derrota en Buenos Aires dejó al oficialismo a la defensiva, y expuso el desgaste de una gestión que ajusta sobre sectores vulnerables mientras mantiene privilegios para los grandes grupos económicos. La Emergencia en Discapacidad se volvió así un nuevo frente de conflicto, donde el gobierno enfrenta no solo amparos judiciales, sino una red de organizaciones que no está dispuesta a retroceder.
