La Autopista Presidente Perón, el tercer anillo de circunvalación del conurbano proyectado para unir el Acceso Oeste con la Autovía 2, lleva casi tres años con obras paralizadas y 31 de sus 83 kilómetros sin habilitar. Un juez federal ordenó al Estado nacional reforzar la seguridad de los sectores que permanecen cerrados al tránsito.
El juez federal subrogante de San Martín, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, admitió parcialmente la medida cautelar solicitada dentro de un amparo presentado por la provincia de Buenos Aires y ordenó a Vialidad Nacional una serie de medidas preventivas, según informó Infobae.
Qué ordena el fallo
- Mantener y reforzar los cierres de los tramos no habilitados, con barreras físicas que impidan el ingreso de autos y peatones a la obra.
- Mejorar la señalización en esos puntos.
- Revisar las barandas y defensas de los tramos que ya están abiertos al tránsito y repararlas si tienen fallas.
- Presentar al juzgado, dentro de los 15 días de notificado, un informe con el estado de los cierres, las deficiencias detectadas y lo que se hizo.
La medida rige por seis meses y puede prorrogarse. Las dos partes apelaron, pero como la apelación se concedió con efecto devolutivo, las obligaciones siguen vigentes mientras se resuelve.
Lo que pidió la Provincia y el juez no concedió
El amparo lo presentó el Ministerio de Infraestructura bonaerense, a cargo de Gabriel Katopodis. Además de la seguridad, la Provincia pedía que se reactivaran las obras, que se habilitaran los tramos terminados y que se hicieran trabajos de mantenimiento integral: iluminación, bacheo, reductores de velocidad y desvíos.
El juez no otorgó esos pedidos en la medida cautelar. Sostuvo que no había “elementos suficientes para imponer judicialmente la ejecución generalizada de obras” ni pruebas de una situación uniforme de abandono en toda la traza, aunque sí de un riesgo concreto en los tramos cerrados y en algunas defensas. La Provincia apeló porque considera insuficiente el alcance de la resolución; el reclamo principal continúa en trámite.
Entre los argumentos de la Provincia estuvo la muerte de un nene de 10 años en febrero de este año, que cayó de un puente en un sector no habilitado del tramo I, en Merlo. También denunció la falta de servicios de seguridad vial desde mayo de 2024, basura, autos abandonados y accesos sin control.
Vialidad Nacional, por su parte, sostuvo ante el juzgado que no hubo inacción: dijo que durante 2026 hizo tareas de conservación, limpieza, señalización e iluminación, y que la obra enfrenta problemas de expropiaciones, relocalizaciones, intrusiones e interferencias con servicios públicos.
Cómo está la autopista
La obra empezó hace más de diez años y se fue habilitando por partes entre 2019 y 2023. Hoy funcionan 52 kilómetros, entre la Ruta Provincial 40, en Merlo, y la Ruta 210, en Guernica (Presidente Perón), pasando por La Matanza y Ezeiza.
De los 31 kilómetros pendientes de habilitación, 18,5 ya están construidos pero requieren tareas complementarias, y los otros 12,5 tienen cuestiones pendientes vinculadas a expropiaciones. El tramo IV, proyectado hacia la Autovía 2, permanece paralizado. Según lo informado por Vialidad en la causa, los tramos I, II y III tienen avances de entre el 89% y el 97%.
La traza pasa por Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, Presidente Perón, San Vicente y Florencio Varela.
La propuesta de la Provincia: peajes
La Provincia propone que Nación le transfiera la autopista para incorporarla a AUBASA, la empresa bonaerense que administra la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Ruta 2, entre otras vías. La propuesta es financiar la terminación y el mantenimiento con el cobro de peajes. Fuentes del entorno de Gabriel Katopodis citadas por Primer Plano Online señalaron que, sin esa transferencia, no pueden avanzar con ese esquema. No se anunció una decisión sobre el traspaso, que continúa en discusión en la causa principal.
