Javier Milei volvió a utilizar el decreto como herramienta de reforma estructural. Esta vez, para limitar el derecho a huelga en Argentina. A través del DNU 340/2025, publicado este miércoles, el Gobierno amplió la lista de actividades consideradas esenciales y creó una nueva categoría: los “servicios de importancia trascendental”, obligando a garantizar entre el 50% y el 75% de las prestaciones aún durante un conflicto gremial.
El texto, que modifica el artículo 24 de la ley 25.877, establece que los servicios esenciales —que ahora incluyen desde telecomunicaciones hasta transporte marítimo, pasando por educación y servicios aduaneros— no podrán operar por debajo del 75% en caso de huelga. Para los considerados “trascendentales”, como el transporte terrestre, la industria alimenticia, bancos y comercio electrónico, el piso será del 50%.
La medida se presentó junto con la desregulación del régimen de navegación marítima, pero su impacto va mucho más allá del sector portuario. Según especialistas en derecho laboral, el decreto viola convenios internacionales al ampliar el concepto de servicio esencial a actividades que no ponen en riesgo la vida o la salud, el único criterio reconocido por la OIT.
“El sistema actual funcionaba bien. Nunca se puso en riesgo la salud ni la seguridad. Esto es un golpe directo contra el derecho a huelga”, denunció el abogado laboralista Matías Cremonte. El DNU 340, al igual que el cuestionado DNU 70/23, enfrenta ya críticas por su inconstitucionalidad y podría ser judicializado.
Con esta jugada, Milei tensiona aún más la relación con los sindicatos y profundiza su modelo de flexibilización por decreto. El trasfondo es claro: blindar sectores estratégicos de futuros paros, en un año atravesado por el ajuste y la resistencia gremial.
EL COMUNICADO DE LA CGT EN X
La respuesta sindical no tardó. La CGT difundió un comunicado en el que calificó la medida como “una grave avanzada” y advirtió que “cercena un derecho constitucional”. La central obrera acusó al Gobierno de intentar “suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate”, y anticipó que dará “todas las batallas que tenga que dar, sean en los tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo”.
El co-secretario de la CGT, Octavio Argüello, confirmó que entre jueves y viernes se reunirán para definir un plan de lucha. “Este Gobierno no dialoga, quiere imponer. Desde ya que nos oponemos a todo esto”, dijo.
La crítica también llegó desde el ámbito legal. Para el abogado laboralista Matías Cremonte, el decreto “amplía de forma ilegal los servicios esenciales”, en violación de estándares internacionales como los de la OIT. “No se trata de proteger la vida de la población, sino de favorecer a los empresarios y limitar a los trabajadores”.
Milei redobla así su ofensiva sobre el andamiaje laboral argentino. Y la calle, una vez más, parece estar preparándose para responder.
