El Gobierno nacional está ultimando los detalles para avanzar en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), en línea con lo estipulado por la Ley Bases. La operación contempla que la empresa, responsable del suministro de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, pase a estar bajo control privado, aunque los bienes físicos—como terrenos, instalaciones y vehículos—seguirán siendo propiedad del Estado y serán entregados en concesión.
Según reveló Infobae, el presidente de AySA, Alejo Maxit, finalizó un informe circunstanciado sobre la situación de la compañía, que ya está en manos del ministro de Economía, Luis Caputo, y del titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher. El documento propone una estrategia mixta: colocar una parte del capital en la Bolsa y ofrecer otro porcentaje significativo mediante licitación. El objetivo es que el Estado se retire progresivamente hasta abandonar por completo la participación accionaria.
Blindaje para para evitar futuras estatizaciones
El esquema busca atraer a diversos inversores para evitar una futura reestatización, como ocurrió con YPF o Aerolíneas Argentinas. Al haber múltiples propietarios privados, cualquier intento de recuperar el control estatal requeriría acuerdos con todos ellos, lo que dificultaría el proceso.
Desde el Ejecutivo aclararon que no se verán afectadas las acciones que poseen los empleados (equivalentes al 10%) ni los bienes físicos, que permanecerán en el ámbito público. Este modelo de concesión será replicado en otras compañías como Trenes Argentinos, donde la operación pasará a manos privadas pero las formaciones y vías seguirán siendo estatales.
Aunque el decreto correspondiente aún no fue emitido, fuentes consultadas por Infobae afirmaron que su publicación sería “inminente”. De hecho, la web oficial de AySA ya cuenta con una sección específica donde se publicarán los avances del proceso de venta y los documentos necesarios para los interesados.
¿La primera de muchas?
La privatización de AySA se inscribe en una estrategia más amplia. Esta misma semana, el Gobierno oficializó la venta de Intercargo, empresa encargada de los servicios de rampa en los aeropuertos, que había estado en el centro del conflicto sindical a fines de 2024. Con la aprobación de la Ley Bases, el Ejecutivo quedó habilitado también para avanzar con Enarsa, Belgrano Cargas, la Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE), Corredores Viales y Nucleoeléctrica Argentina.
Más allá de su dimensión técnica y legal, la privatización de AySA envía una señal política clara: el Gobierno busca redefinir el rol del Estado, limitando su participación directa en la provisión de servicios esenciales. Un debate que, sin duda, resonará en los próximos meses en el Congreso, en la calle y en los hogares que dependen, todos los días, de ese servicio vital: el agua.
