La Justicia suspendió la resolución que prohibía el cobro de tasas municipales en facturas de servicios públicos
El Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, dictaminó la suspensión de la resolución del Gobierno nacional que prohibía a los municipios incluir tasas municipales en las facturas de servicios públicos. El fallo se produjo tras el pedido del municipio de Pilar, que impugnó la Resolución 267/2024 promulgada por la Secretaría de Comercio e Industria. El fallo solo se aplicará en Pilar, pero podrían sumarse otros municipios.
El municipio de Pilar fundamentó su reclamo en la ley provincial N° 10.740 y en un convenio con EDENOR, que permitía el cobro de un tributo municipal a través de las facturas de la empresa distribuidora de energía. Además, el municipio destacó la existencia de normas provinciales que regulan el suministro de energía eléctrica y la competencia del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) en su jurisdicción.
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En su resolución, el juez González Charvay decidió «hacer lugar a la medida cautelar» y ordenó «la suspensión de los efectos de la Resolución 267/2024 dictada por la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación». Esta medida cautelar tendrá vigencia hasta que se resuelva de manera definitiva la cuestión de fondo. Asimismo, el magistrado solicitó al Ministerio de Economía que presente un informe en un plazo de tres días, según lo establece la ley 26.854.
La postura del Gobierno
La Resolución 267/2024 fue anunciada la semana pasada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales. Según explicó el ministro, la decisión de prohibir la inclusión de tasas locales en las facturas de servicios esenciales como la luz y el gas se tomó tras recibir «reiteradas denuncias públicas» sobre esta práctica por parte de diversos municipios.
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En su publicación, Caputo afirmó que las facturas de servicios «deberán contener exclusivamente la descripción y el precio correspondiente al servicio contratado», prohibiendo la inclusión de cargos que no guarden relación directa con el servicio brindado. La medida había generado reacciones en distintos municipios, muchos de los cuales consideraron que esta prohibición afectaba sus finanzas locales.
