Querella y fiscal solicitan revisión de la decisión del juez y cuestionan falta de fundamentos
La querella de uno de los denunciantes de Elián Ángel Valenzuela, el músico conocido como L-Gante, quien fue liberado tras casi 100 días de prisión por presuntas amenazas y privación ilegal de la libertad, junto con el fiscal de la causa, han apelado la libertad otorgada por un juez de Garantías y han solicitado que el acusado sea nuevamente detenido. Esta polémica decisión ha generado un intenso debate en el ámbito legal y judicial.
En representación de Darío Gastón Torres, uno de los vecinos que denunció a L-Gante, los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra han presentado una solicitud ante la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes para que se revoque la resolución del juez de Garantías 2 de Moreno-General Rodríguez Gabriel Castro, quien permitió al músico recuperar su libertad el pasado viernes.
Según el escrito presentado por los representantes de Torres, el juez de Garantías adoptó la medida de liberación «sin siquiera adentrarse a contemplar un solo riesgo procesal» y cuestionan que el fallo «desconoció todo lo que se discutió jurídicamente hasta ahora».
Los abogados también critican que el juez Castro se limitó a destacar los testimonios en defensa de Valenzuela, ignorando las cientos de fojas que conforman el expediente. Además, consideran que el juez ha interpretado erróneamente la relación entre Torres y Valenzuela, calificándola como una «enemistad manifiesta» y tildando a Torres de «borracho», lo que, según ellos, insulta y revictimiza a la víctima.
En su apelación, los abogados piden a la Cámara que revoque la resolución y ordene la detención inmediata de Elián Valenzuela. Además, solicitan una audiencia oral ante los camaristas para mejorar los fundamentos de su apelación.
Por su parte, el fiscal de la causa, Raúl Villalba, también ha presentado una apelación en la que argumenta que la liberación de Valenzuela «causa un gravamen no susceptible de reparación en otra etapa del proceso» y que la detención del acusado es necesaria para asegurar el desarrollo del procedimiento.
Según Villalba, la resolución del juez no menciona elementos que cambien la situación procesal de Valenzuela y considera que el juez se excedió en sus funciones al dictar el cese de la coerción sin petición de parte y sin dar traslado a la fiscalía.
