La Justicia Federal de Quilmes le prohibió a Edesur cortarle la luz a una fábrica que recibió facturas por $174 millones y denunció aumentos de hasta 300%
Hubo un momento en que la cuenta dejó de cerrar por completo: los cargos adicionales de la factura llegaron a costar hasta un 300% más de la electricidad que la fábrica consumía por mes. Ese fue el planteo con el que Protefilm, una fábrica de films plásticos de Quilmes, se presentó ante la Justicia Federal. Y el juez le dio la razón, al menos por ahora.
El Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Antonio Armella, le ordenó a Edesur que se abstenga de interrumpir, suspender o restringir el suministro eléctrico a la empresa. La medida rige hasta que se resuelva el fondo del asunto: si los cobros son válidos o no.
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Las cifras
La fábrica recibió dos facturas consecutivas que suman más de 174 millones de pesos.
- Agosto: $91.956.961,49.
- Septiembre: $82.959.743,90.
Para no quedarse sin servicio, la pyme tuvo que salir a tomar un préstamo bancario de 100 millones de pesos. Es decir: se endeudó para pagar la luz. Además de pedir que no le corten el suministro, Protefilm reclamó la nulidad de los dos comprobantes y el reintegro de las sumas que ya había abonado.
De dónde salen los aumentos
La empresa no cuestionó el precio de la energía que consume, sino dos conceptos que aparecen en la factura y que casi nadie sabe leer. Uno es el ACPOT, el ajuste vinculado al servicio de potencia. El otro es el CESTAB, el cargo estabilizado asociado al costo de la energía.
Los dos provienen del Mercado Eléctrico Mayorista, los calcula la administradora del sistema y la distribuidora los traslada a la factura del cliente. Según la presentación judicial, esos dos conceptos registraron incrementos de entre el 150% y más del 300% respecto de períodos anteriores.
Y ahí está el dato que hace ruido: la empresa sostuvo que, en algunos casos, esos cargos llegaron a igualar o superar el costo de la energía efectivamente consumida. Traducido: pagaba más por los agregados que por la luz.
El punto que definió el fallo
Protefilm planteó otra cosa además del monto, y fue la que terminó pesando: denunció que ni Edesur ni la administradora del mercado mayorista le entregaron documentación detallada sobre los parámetros usados para calcular esos importes.
Sin esa información, argumentó la empresa, era imposible determinar de dónde salían los aumentos incluidos en la factura.
Al resolver, Armella consideró acreditados los dos requisitos que exige una medida cautelar: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.
Sobre el segundo fue explícito. Entendió que los montos exigidos podían poner en riesgo el patrimonio y el capital de trabajo de la empresa, y que intimarla a pagar bajo amenaza de corte podía llevarla directamente a una cesación de pagos, a un concurso preventivo o a la quiebra.
Por eso dispuso que el servicio se mantenga mientras se discute el fondo.
La medida se concedió con un plazo de respuesta de dos días y quedó sujeta a una caución juratoria por parte de la empresa.
Setenta puestos de trabajo
En su presentación, la firma sostuvo que la electricidad constituye un insumo indispensable para su actividad industrial y que la continuidad de la producción depende directamente de contar con el suministro.
Advirtió que la situación podía poner en riesgo 70 puestos de trabajo y planteó que los incrementos afectan derechos constitucionales como la propiedad, la razonabilidad y la libertad de ejercer una actividad lícita.
Después del fallo, el abogado de la pyme, Marcelo Szelagowski, puso el caso en un marco más amplio:
«Bajo el argumento de una supuesta liberalización del mercado, se trasladan directamente a la industria los costos derivados de los problemas y desequilibrios del sistema energético, lo que pone en riesgo la continuidad de numerosas empresas.»
No es un caso aislado
El reclamo de Protefilm llega en un momento en el que el costo energético se convirtió en uno de los principales dolores de cabeza del sector industrial, y en particular de las pymes. Así lo viene señalando la Unión Industrial Argentina.
Según la central empresaria, varias compañías que figuran como Grandes Usuarios de la Distribuidora recibieron facturas con incrementos del orden del 90% al 100% en el costo básico. Eso significó duplicar el valor del mes anterior y casi triplicar el de dos meses antes.
Frente a ese cuadro, la UIA destacó la iniciativa de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para avanzar en un esquema de financiamiento de los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista, y le pidió al presidente Javier Milei que establezca cuotas para afrontar las facturas y que prorratee los vencimientos.
Por qué importa acá
Edesur es la distribuidora de todo el sur del conurbano: Quilmes, pero también Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda, Almirante Brown y Esteban Echeverría.
El corredor industrial que va desde Lanús hasta Quilmes concentra decenas de plantas medianas que están en la misma categoría tarifaria que Protefilm y que reciben facturas con los mismos conceptos.
Esta misma semana, en Lanús Este, una metalúrgica con 66 años de historia quedó parada y sus 60 trabajadores llevan dos meses sin cobrar.
Son dos historias distintas y no conviene mezclarlas. Pero pasan al mismo tiempo, en el mismo corredor y con el mismo telón de fondo.
Qué falta saber
La cautelar no resuelve nada de fondo. Quedan tres preguntas abiertas.
La primera es qué va a contestar Edesur, que hasta el cierre de esta nota no se pronunció públicamente sobre el fallo.
La segunda es si la distribuidora apela la medida, algo habitual en este tipo de resoluciones.
La tercera, y la más importante para el resto de las empresas de la zona, es si aparecen presentaciones similares. Una cautelar vale entre las partes que litigan, pero el camino que abrió ya está a la vista de cualquier pyme que reciba la misma factura.
