El Gobierno presentó una reforma de pensiones por invalidez para reemplazar la Ley 27.793, con más controles, auditorías y criterios unificados
La reforma de pensiones por invalidez impulsada por el Gobierno nacional propone reemplazar la Ley 27.793 con un nuevo esquema estructural orientado a combatir el fraude y ordenar el sistema.
El proyecto plantea cambios de fondo en el régimen vigente, con el objetivo de corregir distorsiones y establecer criterios más claros. Entre los puntos centrales, elimina la superposición entre invalidez laboral y discapacidad, que según el Ejecutivo generó confusión en la asignación de beneficios.
Un sistema unificado y con más requisitos
La iniciativa de reforma de pensiones por invalidez establece una única prestación basada en la imposibilidad de trabajar y en la verificación de la vulnerabilidad económica del solicitante.
De esta manera, se busca focalizar la asistencia en quienes realmente no pueden insertarse en el mercado laboral, con parámetros más estrictos que los actuales.
Controles más estrictos y auditorías permanentes
Uno de los ejes clave del proyecto es la implementación de un sistema de control continuo. Se prevén auditorías periódicas, cruces de datos entre organismos como ANSES, ARCA y SINTyS.
Además, se incorporará un reempadronamiento obligatorio de beneficiarios y la posibilidad de suspender pagos de manera preventiva, sujetos a revisión.
Financiamiento definido y nuevo esquema de prestaciones
A diferencia de la normativa actual, la reforma de pensiones por invalidez establece partidas presupuestarias específicas. El financiamiento estará a cargo del Ministerio de Salud y, en caso de ser necesario, del Tesoro Nacional.
También se modifica el sistema de aranceles: el nomenclador dejará de fijar valores rígidos para pasar a garantizar un piso mínimo de prestaciones, basado en estándares de calidad y adecuación.
Los montos serán definidos mediante acuerdos entre financiadores y prestadores, mientras que en el ámbito estatal serán establecidos de forma trimestral por la SENADIS.
Federalización y nuevo marco legal
Otro punto relevante es la descentralización del sistema. El proyecto promueve la participación de las provincias mediante convenios y asignación de recursos según competencias.
Finalmente, la iniciativa busca reemplazar el carácter excepcional de la ley vigente por un marco permanente, con reglas más claras y previsibles para el sistema.
