La denuncia por lavado y coimas en fotomultas sacude al ámbito político y judicial tras la presentación realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien apunta a un presunto entramado ilegal que involucraría a funcionarios y empresarios.
Según el expediente, el empresario Leandro Camani habría montado un esquema a través de las firmas Secutrans S.A. y Tránsito Seguro S.A., mediante el cual se firmaban convenios con universidades públicas para evitar licitaciones formales.
Cómo funcionaba el presunto esquema
La investigación detalla que instituciones como la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y su fundación FUNINTEC actuaban como intermediarias. A través de acuerdos de asistencia técnica con municipios, se delegaba la gestión de las fotomultas en la fundación, que luego contrataba directamente a las empresas vinculadas a Camani.
Este mecanismo permitía que el 70% de la recaudación quedara en manos del circuito universidad-empresa, mientras que el 30% restante se destinaba a los municipios. Para el fiscal, este reparto facilitaba el desvío de fondos millonarios.
Un caso mencionado en la causa es el del municipio de La Matanza, que habría transferido más de 3.700 millones de pesos a FUNINTEC entre enero y septiembre de 2024.
Sospechas de lavado y pagos ilegales
La denuncia por lavado y coimas en fotomultas sostiene que parte del dinero se habría canalizado mediante facturación apócrifa, utilizando empresas fantasma o contribuyentes de baja escala para encubrir pagos ilegales a funcionarios públicos.
Además, el escrito judicial señala posibles vínculos con áreas clave del Estado, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Secretaría de Transporte, lo que amplía el alcance de la investigación.
En ese contexto, también aparece mencionado el ministro bonaerense Martín Marinucci, quien estaría bajo sospecha de integrar una presunta asociación ilícita junto a Camani y Diego Alfredo Lepera.
Avances judiciales y posibles medidas
El fiscal solicitó que la causa sea encuadrada bajo el delito de lavado de dinero y pidió informes patrimoniales a organismos como la ARCA y reportes a la UIF. También se evalúan allanamientos en la UNSAM y FUNINTEC para recolectar documentación clave.
La denuncia por lavado y coimas en fotomultas podría unificarse con otras investigaciones en curso en la justicia federal de Tres de Febrero, donde se analizan presuntas irregularidades en al menos once municipios bonaerenses, entre ellos General Pueyrredón, Zárate, Morón, San Isidro y San Martín.
