Unificación de causas
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a una queja de la fiscalía y analizará la competencia en la causa por presunto lavado de activos y evasión fiscal contra Sur Finanzas PSP S.A, firma del empresario Ariel Vallejo, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia.
Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky declararon que la instancia anterior denegó erróneamente el recurso de casación. A través de este fallo, el máximo tribunal penal ordena resolver la unificación de los expedientes.
La resolución marca un hito en el conflicto de competencia que enfrentó a diversos juzgados federales desde finales de 2025. Está situación trabó el avance conjunto de las investigaciones
Sur Finanzas en la mira
La firma Sur Finanzas enfrenta procesos judiciales en distintas jurisdicciones. El juez Luis Armella dirige en Lomas de Zamora una investigación por evasión y lavado que incluyó catorce allanamientos en oficinas, domicilios y un parador en Pinamar.
Durante estos operativos, la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina secuestró dinero en efectivo, documentación contable y diversos dispositivos electrónicos.
El peritaje de los equipos informáticos y teléfonos permitió hallar mensajes para eliminar registros, retirar computadoras y ocultar evidencias físicas. Ante estos hallazgos, la fiscal Cecilia Incardona imputó por los delitos de encubrimiento y destrucción de pruebas a los empleados Daniela Sánchez, Juan Soler, César Zapaia y Rolando Soloaga.
El juez Armella propuso a los acusados acogerse a la figura del arrepentido para obtener datos precisos sobre la operatividad del sistema.
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De forma simultánea, el juez Federico Villena tramita una segunda causa iniciada por una denuncia de ARCA. Esta investigación detectó una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos estimada en $3.327 millones, dentro de un volumen total de operaciones sospechosas de $818.000 millones.
La acusación indica que Sur Finanzas habría habilitado operaciones a personas sin capacidad económica real, como monotributistas de bajo perfil, no inscriptos y contribuyentes apócrifos, con el fin de ingresar al sistema financiero fondos de presunto origen ilícito y evitar los controles bancarios.
Trama societaria y disputa judicial
La investigación también abarca un entramado societario que va más allá de la firma principal. El expediente incluye a Silvia Torrado y a Graciela Vallejo, madre de Ariel Vallejo, por su participación en sociedades como Centro de Inversiones Concordia SRL.
Además, incorpora menciones a estructuras vinculadas al ámbito del fútbol, entre ellas la AFA, lo que amplía el alcance del caso más allá de lo estrictamente financiero.
Ante la intervención de dos juzgados sobre la misma empresa, la fiscal Cecilia Incardona buscó unificar ambas causas. Para ello, sostuvo que existe conexidad objetiva y subjetiva basada en la similitud de los hechos y de los imputados.
Sin embargo, el juez Federico Villena rechazó el planteo en diciembre de 2025. Consideró que las hipótesis delictivas y los acusados eran distintos en cada expediente. En enero de 2026, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ratificó esa decisión y descartó la acumulación.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo su postura y presentó primero un recurso de casación, que fue rechazado. Tras esa negativa, recurrió en queja ante la Sala IV de Casación.
El tribunal señaló este lunes que los agravios expuestos resultan “razonablemente fundados” y remarcó que el organismo impulsa una investigación conjunta con respaldo en el “artículo 120 de la Constitución Nacional”, que establece su autonomía funcional.
