El fallo por la expropiación de YPF favoreció a la Argentina, pero advierten que críticas políticas podrían afectar futuras instancias judiciales
El fallo por la expropiación de YPF volvió a poner en el centro del debate la estrategia judicial argentina, luego de que se advirtiera que ciertas críticas políticas podrían perjudicar al país en futuras instancias. El ex subprocurador del Tesoro Sebastián Soler alertó sobre este escenario tras la decisión favorable de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
Según explicó, el tribunal estadounidense validó que el Estado argentino actuó conforme al derecho local al recuperar el control de YPF en 2012. Este punto resulta clave dentro de un litigio que se inició en 2015 y que atravesó varias etapas antes de entrar en la discusión de fondo.
Un juicio con eje en la legislación argentina
Durante los primeros años del proceso, la controversia se centró en determinar la jurisdicción. Finalmente, en 2020 se resolvió que el caso debía tramitarse en Nueva York, lo que dio lugar al análisis sustancial del conflicto.
El núcleo del fallo por la expropiación de YPF estuvo en definir si el Estado debía lanzar una oferta pública para adquirir acciones de los socios minoritarios, además del paquete mayoritario. La defensa argentina sostuvo de forma constante que la legislación nacional permite expropiar acciones por razones de utilidad pública sin esa obligación adicional.
En primera instancia, la jueza interpretó que el estatuto societario implicaba un compromiso contractual incumplido. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones adoptó un criterio diferente: consideró que dicho estatuto no constituye un contrato y que ninguna norma privada puede limitar la potestad soberana del Estado de expropiar.
Un respaldo clave y advertencias a futuro
El fallo por la expropiación de YPF significó un respaldo importante para la posición argentina, al reconocer que la decisión de 2012 se ajustó al derecho público del país. Además, se destacó que la estrategia de defensa se mantuvo consistente a lo largo de distintos gobiernos, lo que refuerza la idea de una política de Estado.
No obstante, Soler manifestó preocupación por declaraciones políticas que cuestionan la legalidad de aquella medida. Según advirtió, ese tipo de afirmaciones podría ser utilizado por los demandantes en eventuales nuevas apelaciones, incluso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
En ese sentido, remarcó que, aunque el fallo representa un avance significativo, el litigio aún no está completamente cerrado y podrían abrirse nuevas instancias judiciales.
Impacto económico en juego
El especialista subrayó que el criterio adoptado por la Cámara fue determinante para evitar una eventual condena multimillonaria contra la Argentina. El reconocimiento de que el estatuto societario no puede imponerse sobre la facultad constitucional de expropiar resultó clave para el desenlace favorable.
