Tres presos en Magdalena están acusados de estafar a jueces mediante un “call center carcelario” que operaba con celulares desde el penal
El caso del call center carcelario volvió a poner en evidencia una modalidad delictiva en crecimiento: estafas telefónicas organizadas desde dentro de una prisión. Tres internos de la Unidad Penitenciaria N° 35 de Magdalena están acusados de haber engañado a jueces mediante maniobras digitales.
Las víctimas fueron los magistrados Luis Cayetano Cayuela y Juan Eduardo Stepaniuc. En uno de los casos, los delincuentes lograron tomar control de una cuenta de WhatsApp, mientras que en el otro el intento fue frustrado a tiempo.
Cómo operaba la estafa
La investigación determinó que los acusados utilizaban distintas estrategias para engañar a sus víctimas. Entre ellas, se hacían pasar por empleados de Andreani, representantes de Movistar o incluso soporte técnico de WhatsApp.
El objetivo era siempre el mismo: obtener códigos de verificación para acceder a cuentas personales. Una vez dentro, se hacían pasar por la víctima y solicitaban dinero a sus contactos.
En el caso de Cayuela, el engaño se concretó luego de que brindara el código recibido en su teléfono. En cambio, Stepaniuc logró evitar la estafa tras ser alertado por un colega.
Investigación y allanamiento en la cárcel
Las tareas de inteligencia permitieron detectar que las maniobras del call center carcelario se realizaban desde el interior del penal de Magdalena. Los investigadores identificaron el pabellón, la celda y a los responsables.
Con esa información, se realizó un allanamiento en el pabellón 7, donde se secuestraron seis celulares, cargadores y tarjetas SIM utilizadas para las estafas. Allí fueron identificados como principales implicados Gabriel Giménez, señalado como líder, junto a Juan Acuña y Facundo Ponce.
Antecedentes y causa judicial
Giménez ya cumplía condenas previas por robos agravados, incluyendo delitos con uso de armas. La causa está en manos de la fiscalía especializada en ciberdelitos de la zona norte, a cargo de Patricio Ferrari.
El caso del call center carcelario expone nuevamente las fallas en los controles dentro de las cárceles y el uso de tecnología para cometer delitos a distancia, incluso contra funcionarios judiciales.
