Despidos y tensión con el intendente de Lanús, Julián Álvarez, tras la salida de 80 trabajadores municipales
La interna política y sindical volvió a quedar en el centro de la escena en el municipio de Lanús, tras la confirmación del despido de 80 trabajadores vinculados al servicio de barrido y tareas barriales. La medida, que se conoció a fines del año pasado, generó un inmediato rechazo por parte de organizaciones sociales y políticas, que cuestionaron con dureza a la gestión del intendente Julián Álvarez, dirigente identificado con La Cámpora y cercano a Máximo Kirchner.
Según expresaron las agrupaciones en un comunicado conjunto, la decisión fue comunicada oficialmente por el Municipio a partir de una directiva del propio jefe comunal y tras una notificación del secretario de Espacio Público, Mauro Iezzi.
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En ese texto, las organizaciones señalaron: “Frente a la información oficial del municipio de avanzar en el despido de 80 trabajadores del servicio de barrido, nos declaramos en estado de alerta y movilización, con corte total de puentes y accesos al municipio. Por decisión del intendente Julián Álvarez y tras la comunicación del secretario de Espacio Público Mauro Iezzi, se nos informó el despido de 80 trabajadores del servicio de barrido”.
Las críticas no se limitaron al aspecto laboral, sino que también incorporaron un fuerte componente político. Desde sectores cercanos al Ejecutivo local atribuyeron el conflicto a una interna dentro del peronismo. Según indicaron, sería similar a la que ya había quedado expuesta durante la protesta de cooperativistas municipales registrada en diciembre de 2025.
En ese marco, fuentes municipales señalaron a dirigentes alejados de la conducción local. Entre ellos, está Agustín Balladares, vinculado políticamente al intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi. Ambos, alineados con el armado que impulsa la postulación de Axel Kicillof al Partido Justicialista bonaerense.
Segundo comunicado
El comunicado difundido por las organizaciones sociales y políticas se expresa diferente. Sostienen que los despidos constituyen “una persecución política y sindical contra trabajadores que llevaron adelante un legítimo reclamo salarial”.
En el texto, firmado por la UTEP, el Frente de Izquierda, Identidad Monte Chingolo, Frente Vecinal y Organización Nuevo Amanecer, se remarcó que los trabajadores percibían ingresos de apenas 140 mil pesos mensuales y se encontraban “en una situación de extrema precariedad: sin ropa de trabajo, sin percibir recibos de sueldo y asociados supuestamente a una cooperativa cuya matrícula se desconoce”.
En el mismo documento, las agrupaciones afirmaron: “No solo no hubo respuesta al reclamo, sino que la gestión eligió castigar a quienes luchan”. Y recordaron que se trata de los mismos sectores que protagonizaron la protesta del 26 de diciembre frente al edificio municipal.
Aquella jornada incluyó una movilización de cooperativistas que exigían mejoras en sus condiciones laborales y derivó en incidentes sobre una de las principales avenidas. Durante la protesta se produjo un incendio que afectó a un árbol de Navidad decorativo instalado en el frente de la Municipalidad. Desde el Ejecutivo local, en ese momento, se buscó minimizar el episodio y se responsabilizó al Movimiento Derecho a Futuro por impulsar la manifestación.
