FUERTE GOLPE JUDICIAL
Jorge Castillo, alias «El Rey de la Salada» fue procesado con prisión preventiva por lavado de dinero y asociación ilícita. La Justicia también dictó embargos millonarios, que en su caso ascienden a la exorbitante cifra de 750 millones de pesos.
El juez federal Luis Armella consideró que Castillo lideraba una estructura delictiva que operaba a través de ferias populares en Lomas de Zamora, hoy bajo control judicial. ¿Será este el fin del imperio de Castillo y su familia?

Una red familiar bajo la lupa
Además de Castillo, fueron procesados su pareja, su hijo, su suegra y otros allegados, acusados de integrar la misma asociación ilícita. La investigación apunta a maniobras sistemáticas de lavado de dinero.
Las escuchas telefónicas y los análisis bancarios permitieron descubrir más de 33 mil millones de pesos en depósitos irregulares entre 2020 y 2024. Sin lugar a dudas, se trataba de una auténtica organización desde su esquema y estructura, sumamente profesional y capacitada en asuntos financieros.

El regreso controlado de La Salada
Tras haber sido clausurada, la feria volvió a operar bajo un sistema de control judicial y sin la comercialización de productos falsificados. El objetivo es cortar con el circuito del dinero ilegal. La nueva etapa incluye fiscalización estricta, registración de puestos y eliminación de las marcas truchas que dominaban los pasillos del predio.
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Los Antequera: herederos de un prófugo
La justicia también procesó a los hijos de Enrique “Quique” Antequera, otro histórico de las ferias, hoy prófugo. Se investiga su rol en el manejo de dinero en efectivo fuera del circuito legal. En uno de los allanamientos se hallaron máquinas para contar billetes en un local vinculado a su entorno. Su ausencia agrava las sospechas sobre una posible filtración en la causa.
Riqueza, evasión y lujos
La investigación reveló gastos llamativos por parte de la familia Castillo, incluyendo vacaciones de lujo y vehículos de alta gama. El desvío de fondos también habría alcanzado inversiones educativas. La justicia considera a la esposa de Castillo una pieza clave en la administración financiera del grupo.