Un kiosquero denuncia a la Policía Federal por el presunto robo de mercadería en La Salada durante la clausura judicial
Un kiosquero de La Salada denuncia públicamente a efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) por el robo de mercadería durante el período en que la feria se encontraba clausurada por orden judicial. Lo que quedó debió ser desechado. Además, denuncia que le rompieron cámaras de seguridad y una computadora. La pérdida, según el comerciante, está valuada en aproximadamente 8 millones de pesos.
La denuncia fue realizada por Julio, un kiosquero con más de 30 años de trayectoria en el predio ubicado en Lomas de Zamora, quien aseguró que fue víctima de un saqueo mientras su puesto permanecía cerrado. “El 8 de junio me levantaron la persiana y me saquearon».
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«Durante estos días me sacaron la mercadería que tenía, no me dejaron ni un caramelo. En los videos se ve que es gente que tiene chalecos de la Policía Federal. Rompieron cámaras y una computadora. Fue un abuso de poder”, expresó en declaraciones al canal C5N. Julio afirmó que, además del saqueo, parte de los alimentos que quedaron debieron ser desechados. «Entre cigarrillos y mercadería, perdí $8 millones», aseguró.
Otro comerciante, vinculado a uno de los patios de comida de la feria, denunció una situación similar. Según relató Julio, además de la sustracción de productos, encontró daños adicionales en su local. “No solo me robaron la mercadería, sino que también habían hecho sus necesidades en el lugar”, sostuvo, atribuyendo nuevamente los hechos a personal policial.
Julieta, otra puestera de la feria, también se expresó tras constatar el faltante de productos en su stock. “Es un desastre y una vergüenza lo que pasó. Da mucha bronca y mucha impotencia. Yo estoy acá porque mi papá falleció y me hice cargo de su parte. Nosotros los feriantes somos gente de trabajo. Fue muy injusto y brusco lo que nos hicieron. No somos delincuentes, somos feriantes. Nos sentimos discriminados”, manifestó.
Hasta el momento, no hubo declaraciones oficiales por parte de la Policía Federal Argentina sobre las denuncias públicas realizadas por los feriantes.
La reapertura: estrictas condiciones judiciales
Desde el lunes a las 7 de la mañana, las ferias Urkupiña y Cooperativa Ocean, que forman parte del megapredio de La Salada, reabrieron sus puertas al público tras más de tres semanas de clausura judicial. La reapertura fue autorizada por el juez federal Luis Armella, quien impuso una serie de condiciones para garantizar que la actividad se desarrolle de forma completamente legal. La tercera feria del complejo, Punta Mogote, aún no confirmó su fecha de reapertura.
A través de sus redes sociales, Punta Mogote recordó a sus socios la documentación obligatoria que deben presentar para retomar la actividad comercial: constancia impresa de inscripción ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), registro en los organismos fiscales correspondientes, comprobantes de venta, contrato de alquiler vigente (si corresponde) y certificación de procedencia de la mercadería a la venta.
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El predio permanecía cerrado desde el 22 de mayo, tras la detención de Enrique “Quique” Castillo —uno de los principales referentes del mercado— en un operativo realizado en su casa en un barrio privado de Luján. Junto a él, fueron arrestadas otras 15 personas, incluidos familiares y socios. La causa investiga una presunta red de lavado de dinero con más de 25 empresas registradas en Argentina y Panamá. Luego de los allanamientos, los tres predios principales de La Salada quedaron clausurados por decisión judicial.
Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), antes del cierre funcionaban alrededor de 8000 puestos, de los que dependían directamente unos 30.000 trabajadores.
Nuevo funcionamiento
Con la reapertura parcial, la Justicia estableció que solo se autorizará “el desarrollo comercial y laboral lícito” dentro del complejo. Para supervisar esta nueva etapa, se designó un interventor por un plazo de 90 días, quien deberá regularizar la situación fiscal del predio, llevar un registro contable de toda la actividad y garantizar el cumplimiento de buenas prácticas comerciales.
El funcionamiento de la feria quedará bajo control de distintos organismos estatales: la Fiscalía Federal, el Municipio de Lomas de Zamora, el Ministerio de Producción bonaerense, ARBA, el Banco Provincia, el Ministerio de Seguridad y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Entre las nuevas exigencias se incluyen la bancarización de toda la recaudación, el registro completo de ventas, la prohibición del uso de dinero en efectivo y la obligación de registrar a todos los empleados en relación de dependencia. La resolución judicial advierte que, en caso de detectarse incumplimientos, se podrá solicitar nuevamente la clausura del predio.
