Golpe al circuito de pornografía infantil en el Conurbano: El material hallado incluía hasta imágenes de un bebé
Al amanecer, cuando el bullicio del Conurbano aún dormía, una serie de portazos simultáneos irrumpió la calma de barrios como Lanús, Remedios de Escalada, Valentín Alsina, Piñeyro, Villa Caraza y Villa Fiorito. En un operativo silencioso pero implacable, la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina ejecutó 19 allanamientos en distintos domicilios. La cacería era por un crimen invisible: la tenencia y distribución de pornografía infantil.
Los agentes, respaldados por órdenes de jueces del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, ingresaron con precisión quirúrgica a casas en Piñeyro, Valentín Alsina y Villa Caraza. En el centro de los procedimientos, siete hombres —de entre 21 y 65 años— fueron detenidos. Las pruebas eran apabullantes: 46 celulares, 14 notebooks, discos rígidos, consolas de videojuegos, videocassettes, cámaras, pendrives y hasta un viejo diskette. Una arqueología digital del horror.
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Según la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 8, a cargo de la fiscal María Soledad Garibaldi, los sospechosos compartieron imágenes y videos que contenían representaciones de abuso sexual infantil. Las pruebas recabadas incluyen archivos que muestran a víctimas de distintas edades, incluso un bebé. El intercambio se realizaba a través de grupos de WhatsApp y cuentas en redes como Facebook, Twitter e Instagram. En dos casos se investiga además la posible producción del material.
Las alarmas saltaron tras 32 reportes remitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, una organización que monitorea estos delitos a escala global. Esos datos fueron el hilo que permitió tirar de una red subterránea que operaba desde la periferia urbana, al margen del ojo social, pero con conexión directa a uno de los crímenes más atroces.
Los jueces Brenda Madrid, Estela del Carmen Mollo, José Luis Arabito y Esteban Baccini avalaron los procedimientos. Las pruebas, ahora en manos de la Justicia, buscan esclarecer no sólo la dimensión del intercambio de este material, sino también su origen.
Detrás de cada dispositivo incautado, cada archivo guardado, hay una víctima. Y, por primera vez en años, tal vez haya también una posibilidad de justicia.
