La justicia ordena medidas urgentes contra vulneraciones de derechos en centro de detención de menores: «no ven la luz del sol»
El Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria (ex CREU) de Lomas de Zamora fue el foco de una preocupante denuncia que revela severas violaciones de derechos humanos hacia los jóvenes detenidos. La jueza de responsabilidad penal juvenil, Marta Pascual, dictó una serie de medidas correctivas tras constatar la gravedad de las condiciones en las que se encuentran los adolescentes en el centro de menores.
Las alarmas se encendieron a partir de una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), actuando en su rol de Mecanismo local de prevención de la tortura. Durante una inspección, el equipo especializado en niñez de la CPM detectó que los jóvenes pasaban más de 20 horas diarias encerrados en sus celdas, sin acceso a luz solar y sin actividades formativas o recreativas. En algunos casos, los detenidos no habían visto la luz del sol durante meses, y la única recreación disponible era pasar cuatro horas en otra celda ligeramente más grande.
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Los testimonios recabados reflejan el impacto devastador de estas condiciones. “Estoy acostado todo el día”, “me siento extraño, deprimido”, “no tengo nada para hacer, solamente mirar la pared”, expresaron algunos de los adolescentes. Estos jóvenes permanecían en condiciones que la CPM describió como inhumanas, en un ambiente donde no se respetaban sus derechos básicos.
Resolución judicial
La jueza Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, dictó una resolución contundente, otorgando a las autoridades del centro un plazo de diez días para corregir estas violaciones graves. Entre las medidas ordenadas, se incluyen el libre acceso de todos los adolescentes al patio durante las horas de recreación, la implementación de actividades culturales, deportivas, educativas, y la extensión del horario fuera de las celdas, que no deberá ser inferior a diez horas diarias.
La inspección conjunta, en la que participaron defensores, jueces de garantías departamentales y autoridades del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, confirmó las deficiencias reportadas por la CPM. Además, se detectó un uso arbitrario del régimen disciplinario, alimentación insuficiente, colchones deteriorados, problemas en la calefacción, y la presencia de roedores. Ante esta situación, el juzgado también ordenó la realización de tareas de mantenimiento e higiene, la provisión de elementos de limpieza y un plan de fumigación para eliminar plagas.
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Entre otras irregularidades, se destacó la falta de funcionamiento de la escuela, que no había retomado las actividades después del receso invernal debido a problemas en las instalaciones sanitarias. Los jóvenes tampoco accedían a talleres ni otras actividades formativas, y el tiempo destinado a las visitas familiares no cumplía con la duración mínima reglamentaria.
La jueza Marta Pascual convocó una nueva audiencia para el 21 de agosto, con el objetivo de hacer un seguimiento estricto del cumplimiento de las medidas ordenadas y evaluar los avances en la mejora de las condiciones de detención en el centro. Esta resolución busca garantizar que se respeten los derechos fundamentales de los adolescentes privados de libertad y que las instituciones responsables cumplan con sus obligaciones.
