Otra grave acusación: Denuncian a familia de la adolescente mutiladora de Turdera por presunto abuso sexual
Denuncian a la familia mutiladora de gatos y perros, de estar presuntamente involucrada en un caso de abuso sexual que se encuentra paralizado por la falta de avances de la fiscalía. Se trata de un caso que conmociona a la comunidad de Turdera y Monte Grande.
Leonela Barros, una reconocida activista y proteccionista de animales, quien encabezó las denuncias y manifestaciones, aseguró que las personas imputadas, se mudaron del domicilio en Turdera a un nuevo hogar en el barrio El Zaizar, Monte Grande, aparentemente para evadir las investigaciones.
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La activista lamentó que «la fiscalía no hizo nada» en relación a la denuncia por abuso sexual, señalando que la víctima, una joven menor de edad al momento de los hechos, se encuentra internada sin recibir la atención médica adecuada. Los presuntos abusos habrían ocurrido dentro de la vivienda que habitaban los acusados en Turdera, ubicada en la calle José E. Agüero.
¿Quién es esta familia?
La joven en cuestión, identificada como Sara María Duque Rojas, actualmente residente en Monte Grande, Partido de Esteban Echeverría. Según los informes, los animales hallados presentaban graves heridas, incluyendo mutilaciones, fracturas y uñas arrancadas. En aquel momento, y aún ahora, vive con su madre, Luz Rojas, y su tío.
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«Primero pensé que era para pedir plata, pero después me di cuenta que es una conducta perversa que tiene. Ellos lastiman al animal, lo llevan a la veterinaria, lo curan y después no lo cuidan. El animal se termina muriendo de una infección tremenda», relató una de las denunciantes.
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En enero de 2023, la policía allanó la residencia de la familia en Turdera, donde encontraron tres gatos en condiciones deplorables. A raíz de las denuncias, Luz Rojas, quien trabajaba como médica pediatra en el Hospital Municipal Santamarina de Esteban Echeverría, resultó suspendida y posteriormente despedida de su cargo.
Barros también mencionó un mensaje presuntamente enviado por Sara, en el que afirmaba que su madre le suministraba potasio para eutanasiar a los animales, lo que agrava aún más las acusaciones contra la familia.
La comunidad y las organizaciones proteccionistas están exigiendo respuestas inmediatas por parte de la fiscalía, tanto en relación a los casos de maltrato animal como al de abuso sexual, que sigue sin avances significativos. Este caso continúa en desarrollo, y se espera que las autoridades actúen con celeridad para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
