La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presenta un protocolo para el mantenimiento del orden público, advirtiendo que «si se toma la calle, habrá consecuencias». Las nuevas normas incluyen identificación de manifestantes, aplicación de leyes con penas de prisión y el cobro de gastos a organizaciones que violen la normativa.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha anunciado un protocolo destinado a garantizar la libre circulación frente a piquetes o bloqueos en las calles. Durante la presentación, Bullrich destacó que «si se toma la calle, va a haber consecuencias» y detalló las medidas que serán implementadas para mantener el orden público.
El protocolo incluye la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de leyes que contemplan penas de prisión y el cobro de los gastos generados por la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que incumplan la normativa. Bullrich subrayó que «las cuatro fuerzas federales» intervendrán «si hay un delito flagrante» durante las manifestaciones en la vía pública.
«Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple», declaró Bullrich durante la presentación en la sede de la cartera de Seguridad.
La ministra enfatizó que «si hay un delito flagrante», las fuerzas federales podrán intervenir «de manera inmediata», utilizando «la mínima fuerza necesaria y suficiente», graduada en proporción a la resistencia opuesta.
Bullrich anunció la determinación de delitos hasta la presentación de una nueva ley, según el artículo 194 del Código Penal, que reprime a quienes «impidan, estorben o entorpezcan el normal funcionamiento de los transportes o servicios públicos». La funcionaria remarcó que el Gobierno no permitirá el corte de calles y rutas, y los infractores serán identificados y sancionados.
Además, Bullrich señaló que se creará un registro de las organizaciones que participan en cortes de la vía pública, y los gastos vinculados a los operativos de seguridad serán facturados a las organizaciones o individuos responsables.
La ministra subrayó la importancia de cumplir la ley y asegurar que la población pueda vivir en paz. Estas medidas se implementan en un contexto en el que organizaciones de izquierda han anunciado un «paro activo» en la Plaza de Mayo, coincidiendo con el 22 aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001.
