Una denuncia en Lomas permitió desarticular una banda que extorsionaba a usuarios de escorts desde una cárcel bonaerense: Hubo seis allanamientos
Una denuncia realizada en Lomas de Zamora permitió identificar y desarticular una banda que extorsionaba a usuarios de una página de escorts mediante amenazas telefónicas desde la cárcel. Los integrantes de la organización operaban desde distintas penitenciarías bonaerenses y contaban con colaboradores en libertad para recibir y distribuir el dinero obtenido.
La investigación estuvo a cargo de efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de Lomas de Zamora y culminó con seis allanamientos simultáneos. Tres procedimientos se realizaron dentro de establecimientos penitenciarios y los restantes en domicilios particulares de San Martín y La Matanza.
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Los operativos alcanzaron a las unidades penitenciarias N.º 30 de General Alvear, N.º 23 de Florencio Varela y N.º 43 de González Catán. La causa está en manos de la UFI y J N.º 19, a cargo del fiscal Ignacio Gabriel Torrigino, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 6, encabezado por la jueza Laura Ninni.
Una denuncia en Lomas permitió descubrir el mecanismo de extorsión
El expediente comenzó el 11 de julio, cuando un joven de 24 años se presentó en la Comisaría 1.ª de Lomas de Zamora para denunciar que recibía amenazas telefónicas. Los mensajes estaban relacionados con supuestas consultas que habría realizado en el sitio de servicios para adultos Gemidos. Los delincuentes tenían información personal del denunciante y de sus familiares, que utilizaban para aumentar la presión.
Ante las intimidaciones, la víctima llegó a transferir 200 mil pesos antes de formalizar la denuncia, luego de recibir el consejo de una persona cercana. La modalidad consistía en crear perfiles falsos en páginas de acompañantes y utilizar los datos obtenidos para contactar a potenciales víctimas.
Después, los extorsionadores aseguraban que los usuarios habían incumplido las supuestas reglas del sitio por consultar servicios sin concretar encuentros. A partir de ese argumento, exigían pagos que podían alcanzar los 500 mil pesos a cambio de evitar presuntas represalias.
Amenazas con direcciones y falsas causas judiciales
La organización utilizaba distintos números telefónicos para enviar mensajes, audios y realizar llamadas. En algunos casos, los delincuentes amenazaban con enviar personas a los domicilios de las víctimas.
Para generar mayor temor, incluso compartían direcciones exactas y fotografías de las viviendas. También mencionaban supuestos contactos judiciales y amenazaban con iniciar causas penales bajo falsas acusaciones vinculadas con el contacto de menores de edad. Según los investigadores, la misma organización acumulaba denuncias en distintos departamentos judiciales, aunque hasta esta investigación no habían conseguido identificar a sus integrantes.
Cómo estaba organizada la banda dentro y fuera de las cárceles
El avance de la pesquisa permitió reconstruir los roles de los sospechosos. Los detectives analizaron antenas telefónicas, consumos de datos móviles y movimientos de cuentas bancarias y billeteras virtuales, entre ellas Prex. De esa manera, identificaron a cinco personas que habrían cumplido distintas funciones dentro de la estructura:
- Unidad 23 de Florencio Varela: M. L. F. M., de 41 años, habría estado a cargo de crear perfiles falsos y captar víctimas.
- Unidad 30 de General Alvear: A. L. A. P., de 23 años, habría realizado las maniobras de extorsión.
- Unidad 43 de González Catán: R. R. L., de 61 años, habría recibido parte del dinero obtenido mediante las amenazas.
- San Martín: M. S. C., de 45 años, fue detenida como titular de la cuenta bancaria que recibió la transferencia de la víctima.
- Isidro Casanova: M. O., de 42 años, habría tenido la función de distribuir los fondos hacia los integrantes alojados en las cárceles.
QUÉ Secuestraron durante LOS allanamientos
Con las órdenes judiciales correspondientes, los investigadores realizaron los seis procedimientos en simultáneo. Durante los operativos secuestraron teléfonos celulares considerados importantes para la causa, ya que habrían sido utilizados para concretar las comunicaciones extorsivas y administrar las cuentas virtuales.
Los imputados quedaron vinculados a una causa caratulada como extorsión en concurso real con encubrimiento agravado y amenazas. En cuanto a la situación procesal, M. O. recuperó la libertad luego de ser notificada de las actuaciones, conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal. Por su parte, M. S. C. será trasladada a sede judicial para prestar declaración indagatoria.
La investigación permitió sacar a la luz un mecanismo de extorsión que combinaba perfiles falsos, información personal de las víctimas y comunicaciones realizadas desde establecimientos penitenciarios, con una red de colaboradores encargada de mover el dinero fuera de las cárceles.
