La medida alcanza a autos y motos con escapes antirreglamentarios que generan ruidos molestos. En paralelo, avanza en el Senado bonaerense un proyecto que propone sanciones para toda la provincia.
El Concejo Deliberante de Ituzaingó aprobó una ordenanza que prohíbe circular con escapes libres, modificados o preparados para competencias que provoquen contaminación sonora y excedan los límites reglamentarios. La norma contempla la retención de los vehículos y el decomiso de los componentes en infracción, según informó Primer Plano Online.
La disposición comprende automóviles, motocicletas y otros vehículos motorizados. Antes de implementarla, el municipio prevé desarrollar una campaña de concientización vial destinada a propietarios y conductores.
Para recuperar los rodados retenidos, sus titulares deberán pagar la multa y los gastos de acarreo y guarda, acreditar la documentación correspondiente e instalar un escape reglamentario antes de retirarlos. Las piezas decomisadas podrán ser destruidas cuando lo disponga la autoridad competente.
La información difundida todavía no precisa una fecha de entrada en vigencia de la ordenanza.
Un proyecto busca endurecer las sanciones en toda la provincia
La decisión de Ituzaingó se conoce mientras el Senado bonaerense analiza una iniciativa para combatir la contaminación sonora vehicular en todo el territorio provincial.
El proyecto pertenece a la senadora María Emilia Subiza, del bloque Hechos, y cuenta con Marcelo Leguizamón Brown y Natalia Quintana como coautores. Ingresó en abril bajo el expediente E-155/26-27.
La propuesta alcanza a vehículos con escapes libres, sin silenciador reglamentario o con sistemas modificados respecto de los homologados. También incluye dispositivos destinados a amplificar detonaciones y los llamados “cortes”: maniobras intencionales que producen ruidos evitables y molestos para terceros.
Para esas infracciones, plantea multas de 300 a 1.000 Unidades Fijas, inhabilitación para conducir de tres meses a un año y el decomiso y la disposición final del vehículo y de los elementos involucrados.
Hasta la compactación del vehículo
Uno de los puntos más severos del articulado habilita al juez administrativo interviniente a ordenar la compactación del rodado secuestrado, incluso sin reincidencia.
Para tomar esa decisión, deberá evaluar la gravedad de la alteración, el ruido generado, la intencionalidad y las consecuencias para la convivencia, la seguridad vial o la salud pública. También deberá considerar el lugar de la infracción y la conducta del conductor durante el control.
La medida requeriría una resolución fundada. El proyecto contempla el derecho a presentar un descargo y la revisión administrativa y judicial de las sanciones.
También apunta a fabricantes, vendedores y talleres
La iniciativa provincial busca intervenir sobre la fabricación, comercialización, distribución e instalación de escapes no homologados o alterados para superar los niveles sonoros permitidos.
Para los responsables de esas actividades propone multas de 1.500 a 5.000 Unidades Fijas, decomiso de los componentes y clausuras preventivas o temporarias. También contempla clausuras definitivas ante reincidencias graves o reiteradas e inhabilitaciones temporales para operar en el rubro.
Todavía no es ley
La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible dio despacho favorable al proyecto el 22 de septiembre. El expediente registra una aprobación por unanimidad y sin modificaciones, seguida de su pase a la Comisión de Seguridad, donde figura en estudio. También tiene giro a Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos.
Por ahora, la iniciativa provincial no tiene media sanción. Las multas y demás medidas que propone todavía deben completar su tratamiento legislativo.
