La comunidad universitaria de Lomas, Lanús, Quilmes y Almirante Brown participó del reclamo por el financiamiento de la educación pública. Una movilización que se desarrollaba pacíficamente quedó atravesada por la aparición de encapuchados y la represión policial. Ese mismo jueves, tres camaristas suspendieron provisoriamente las multas al jefe de Gabinete por incumplir una cautelar sobre salarios y becas.
La Universidad Nacional de Lomas de Zamora y otras universidades del sur estuvieron presentes este jueves en la quinta Marcha Federal Universitaria, frente al Congreso. Estudiantes, docentes y trabajadores nodocentes volvieron a movilizarse con una exigencia concreta: que el Gobierno de Javier Milei cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y las decisiones judiciales que ordenaron actualizar salarios y becas.
El reclamo llegó a la calle después de atravesar el Congreso y los tribunales. Mientras la comunidad universitaria exigía respuestas, la jornada terminó marcada por gases, camiones hidrantes y denuncias sobre la presencia de infiltrados. En paralelo, una decisión de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó en suspenso las multas que buscaban presionar al Ejecutivo para que cumpliera lo ordenado.
Las universidades del sur estuvieron presentes
La región estuvo representada por integrantes de las comunidades de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB). Estudiantes, docentes y trabajadores nodocentes se movilizaron para defender el financiamiento de las instituciones donde estudian y trabajan.
Para estas comunidades, el financiamiento universitario tiene consecuencias sobre la posibilidad de sostener las clases, la investigación y las trayectorias de quienes estudian. El documento conjunto del Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical advirtió sobre el deterioro de los salarios y las ayudas estudiantiles, y reclamó que el Estado garantice las condiciones necesarias para cursar y recibirse.
Una marcha pacífica, encapuchados y denuncias de infiltración
La movilización se había desarrollado pacíficamente cuando, durante la tarde y en un sector cercano al Congreso, comenzaron los episodios protagonizados por personas encapuchadas que arrojaban piedras y otros objetos contra las fuerzas de seguridad.
El periodista Mauricio Conti, de Cadena 3, describió desde el lugar a un grupo que llegó con mochilas y sacó martillos, piedras, gomeras y bulones. También distinguió esos enfrentamientos del acto universitario, que se desarrollaba a unos 50 o 70 metros. Su relato permite establecer algo central: quienes protagonizaron los ataques no representaban al conjunto de la movilización.
Manifestantes denunciaron que se trataba de infiltrados ajenos al reclamo. Durante la cobertura en vivo de C5N, un hombre agredió al camarógrafo Carlos Sjodin después de que el equipo intentara registrar sus movimientos y los elementos que sacaba de una mochila. El movilero Adrián Salonia relató la agresión, mientras participantes de la marcha cuestionaban la presencia de ese grupo. La identidad y la pertenencia de los señalados como presuntos infiltrados no quedaron acreditadas en esa transmisión.
Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes. La represión alcanzó las inmediaciones del acto y afectó también a personas que cubrían la protesta. Las denuncias sobre provocadores requieren investigación; su actuación no permite convertir a toda una comunidad universitaria en responsable de los disturbios.
El reclamo tiene una ley y una orden judicial detrás
El conflicto no se limita a una negociación por futuros aumentos. La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso y, frente a la resistencia del Ejecutivo a aplicarla, las universidades recurrieron a la Justicia.
En diciembre de 2025, el juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, dictó una cautelar que ordenó aplicar los artículos referidos a la actualización salarial y las becas. Esa medida fue confirmada en instancias posteriores. En septiembre, el magistrado intimó al Gobierno a cumplirla y, ante el incumplimiento que consideró verificado, hizo efectivas multas de 100.000 pesos diarios contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Las multas —denominadas astreintes— buscaban ejercer presión económica para obtener el cumplimiento de la orden. Eran una herramienta concreta frente a una obligación que, según lo resuelto por el juez, el Ejecutivo no estaba cumpliendo.
Los tres jueces que suspendieron las multas
El jueves 15 de octubre, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal habilitó la apelación impulsada por el Gobierno y suspendió provisoriamente la aplicación de las sanciones.
La resolución llevó las firmas de Sergio Gustavo Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán. El recurso fue presentado por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello. La defensa estatal sostuvo que la cautelar ya estaba cumplida; los camaristas aclararon que su decisión no adelantaba una conclusión sobre ese punto.
La Cámara frenó las multas, pero no dejó sin efecto la cautelar que exige actualizar salarios y becas. La obligación judicial continúa vigente mientras se tramita la discusión. Tampoco se trata de una decisión que cierre todas las vías judiciales. Lo que quedó suspendido fue el mecanismo económico que Cormick había activado para intentar hacer efectiva su orden.
Cuando la última garantía institucional tampoco alcanza
La responsabilidad política por la respuesta del Ejecutivo corresponde al Gobierno de Javier Milei. Diego Santilli fue el funcionario alcanzado por la sanción personal; Sandra Pettovello encabeza el ministerio que recurrió la intimación. Los tres camaristas identificados tomaron la decisión que suspendió provisoriamente las multas.
Esas responsabilidades son distintas. También lo son sus decisiones: el Congreso sancionó una ley, un juez ordenó cumplirla y la Cámara frenó una herramienta destinada a exigir ese cumplimiento.
Para las universidades, acudir a los tribunales significó buscar en la Justicia la última garantía institucional frente a un Ejecutivo que resistía la aplicación de una ley. La suspensión de las multas vuelve a exponer la distancia entre reconocer un derecho y conseguir que se haga efectivo.
El expediente sigue abierto. Los salarios, las becas y el funcionamiento universitario, en cambio, necesitan respuestas mientras transcurre ese trámite.
La pregunta que deja esta marcha es qué protección efectiva reciben quienes consiguen una ley y una orden judicial favorable, pero deben seguir saliendo a la calle para reclamar que se cumplan. La responsabilidad del Estado no termina al dictar una resolución: también debe garantizar que sus decisiones produzcan resultados.
