Investigan una presunta red que reclutaba argentinos para enviarlos a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia
Una investigación impulsada por la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) derivó en la detención de una mujer acusada de integrar una organización presuntamente reclutaba ciudadanos argentinos para enviarlos a participar de la guerra entre Ucrania y Rusia.
La medida la ordenó por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, luego de un pedido formulado por el fiscal general Sergio Néstor Mola junto a los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, responsables de PROTEX. El operativo lo realizó la Policía Federal Argentina (PFA) durante el fin de semana en la localidad bonaerense de Tigre.
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Durante el procedimiento, la mujer quedó detenida, mientras que a su pareja, también señalada como integrante de la organización, no pudieron localizarla y permanece prófuga. Según la investigación, el hombre abandonó el país con destino a Brasil pocos días antes del allanamiento.
De acuerdo con la causa, la organización investigada captaba personas —entre ellas exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad— mediante publicaciones en redes sociales. Allí ofrecían la posibilidad de incorporarse al ejército ucraniano por períodos de entre seis meses y tres años, con una remuneración cercana a los 3.000 dólares mensuales.
Según la pesquisa, las condiciones del supuesto contrato no se informaban con claridad. A los interesados se les entregaba documentación redactada en idioma ucraniano, en la que figuraban tareas ajenas a la actividad militar. Además, los investigadores sostienen que los reclutadores les indicaban qué responder ante eventuales controles migratorios, instruyéndolos para afirmar que viajarían a desempeñarse en el rubro de la construcción.
Cómo comenzó la investigación
La causa tuvo su origen en marzo de este año, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectaron inconsistencias en las declaraciones de cuatro hombres que se encontraban en el área de preembarque del Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Ucrania.
Según informaron desde la PSA, ninguno de ellos podía precisar quién había adquirido los pasajes, quién los recibiría al llegar a Europa o cuáles serían concretamente las tareas que desarrollarían. Tampoco contaban con pasajes de regreso ni con recursos económicos suficientes para afrontar la permanencia en el exterior.
Con el avance de la investigación, las autoridades reconstruyeron que a los cuatro hombres los contactaron mediante plataformas digitales. Les prometían participar del conflicto bélico a cambio de un salario aproximado de 3.000 dólares, aunque nunca llegaron a firmar un contrato que formalizara esas condiciones.
Las tareas de inteligencia, el análisis de comunicaciones y las vigilancias permitieron identificar a los presuntos integrantes de la organización dedicada al reclutamiento. La mujer detenida será indagada por el delito de trata de personas, mientras la Justicia continúa analizando el material secuestrado durante el procedimiento para determinar el alcance de la presunta maniobra.
Alertas internacionales por una modalidad transnacional
En el marco de la investigación, los fiscales Colombo y Mángano informaron en abril de este año a la Red Iberoamericana de Fiscales Especializados contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (REDTRAM) sobre las posibles maniobras de captación y traslado de ciudadanos argentinos hacia Ucrania.
En esa comunicación señalaron que el fenómeno presentaba “indicios de organización estructurada y transnacional, con intervención de reclutadores locales que seleccionan perfiles (en muchos casos ex militares o ex fuerzas de seguridad), coordinan contingentes grupales y gestionan reservas de viaje bajo modalidad solo de ida hacia países limítrofes del conflicto bélico”.
Los fiscales también advirtieron sobre patrones compatibles con “la generación de obligaciones económicas vinculadas al traslado, equipamiento o rescisión contractual que podrían operar como mecanismo de sujeción limitando la libertad real de desvinculación y configurando posibles supuestos de servidumbre por deudas o trabajo forzoso en los términos de la normativa nacional e internacional sobre trata de personas”.
Además, explicaron que “la dinámica observada -que incluiría la captación mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, promesas de retribuciones económicas, cobertura de gastos de traslado, incumplimiento de las condiciones prometidas por los reclutadores y la intervención activa de las presuntas víctimas en el conflicto armado- podría configurar supuestos de trata de personas con fines de explotación laboral o servidumbre, especialmente bajo esquemas de endeudamiento o coerción en contexto de conflicto armado”.
En julio de 2026, la investigación adquirió relevancia internacional cuando INTERPOL emitió una notificación morada para alertar sobre esta modalidad delictiva. La comunicación impulsada tras la detección, por parte del Grupo Investigativo Contra los Delitos Sexuales y la Familia de Bogotá, Colombia, de un mecanismo similar de captación de exintegrantes de fuerzas de seguridad mediante falsas ofertas laborales.
De acuerdo con esa notificación, las organizaciones prometían altos salarios y beneficios migratorios utilizando empresas fachada y contratos aparentes. Una vez concretado el viaje, las víctimas eran sometidas a retención de documentos, aislamiento y endeudamiento ficticio. Siendo obligadas a participar en conflictos armados bajo amenazas, intimidaciones y otras formas de coerción, configurando un presunto esquema criminal transnacional de explotación laboral forzosa.
