Subsidiaba a las empresas para que las personas con discapacidad pudieran viajar gratis
En el panorama económico actual, el gobierno sigue firme su lineamiento de recortes y ajustes. Ahora, decidió dejar de compensar los pasajes a micros de larga distancia para personas con discapacidad.
La medida causo gran impacto e incertidumbre. Las empresas denuncian una deuda exorbitante. El gobierno expresó que, a pesar de la nueva normativa, las personas deberán con CuD y los pacientes oncológicos seguir viajando gratis. Indicó que este gasto debe ser absorbido en su totalidad por la empresa.
Por su parte, la Cámara de Empresaria de Larga Distancia lo dejó bien claro: «el gobierno tiene una deuda de más de $27.000. El último pago que recibimos corresponde a noviembre de 2024«. Históricamente, el gobierno nacional subsidió los pasajes para personas con discapacidad, trasplantados y oncológicos.
NO MÁS SUBSIDIOS: EL TRASFONDO LEGAL
El sorprendente comunicado se dio a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte. Allí, lisa y llanamente se dejaba bien en claro que: «Queda sin efecto el Régimen de Compensaciones Económicas, destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674«. Con dichos cambios, la CNRT (Comisión Nacional Reguladora de Transporte) será la encargada de supervisar y garantizar que dichas personas sigan viajando sin costo alguno.
Se trata entonces, de un claro golpe a la concepción de contemplación estatal para con la discapacidad. En este caso, el gobierno decide desentenderse y dejar, que como tantos otros asuntos, «se arregle entre privados». Las leyes recién mencionadas, obligan a las empresas a transportar gratuitamente a: personas con discapacidad, trasplantadas, niños o adolescentes oncológicos o pacientes en listas de espera.
No obstante, a pesar de que, para los usuarios con discapacidad todo debería continuar sin cambios, el Decreto 883/2024 (que entra en vigencia con la derogación) reza: «los transportistas decidirán los recorridos, horarios, precios, modalidades, y duración de los servicios».
De esta forma todo queda en una nebulosa en la que la única certeza, es la incertidumbre de los que deben viajar. El conflicto legal y de intereses entre empresas y gobierno, seguido de una falta de fiscalización pueden tener consecuencias nefastas para los pasajeros.
