Un proyecto para prohibir celulares en cárceles bonaerenses fue presentado en la Legislatura provincial con el objetivo de limitar las comunicaciones de los internos y reducir delitos cometidos desde los penales. La iniciativa cuenta con el respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
El proyecto fue impulsado por el diputado provincial Oscar Liberman, de La Libertad Avanza, y fue bautizado como “Ley Rodrigo”, en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó tras sufrir una extorsión telefónica organizada desde la cárcel de Magdalena.
La propuesta busca avanzar en la prohibición de celulares en cárceles bonaerenses y reemplazar el actual sistema de comunicaciones por un esquema controlado por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Cambios en el sistema de comunicación de los presos
La iniciativa propone derogar el protocolo que habilitó el uso de celulares durante la pandemia y modificar la Ley de Ejecución Penal Bonaerense.
Si el proyecto se aprueba, los detenidos solo podrán comunicarse mediante teléfonos fijos o dispositivos móviles controlados por el SPB. Además, el tiempo de llamadas quedaría limitado a un máximo de dos horas por día por interno.
El texto también establece que los celulares no podrán estar a libre disposición de los presos bajo ninguna circunstancia.
Inhibidores de señal y controles en las unidades
El proyecto para prohibir celulares en cárceles bonaerenses incluye la instalación obligatoria de sistemas de inhibición y bloqueo de señal en los sectores de alojamiento de los internos.
La medida busca impedir el uso de telefonía móvil y transmisión de datos dentro de los penales.
Según explicó Liberman, también se implementarían requisas diarias para garantizar el cumplimiento de la norma.
“Las cárceles parecen un call center del delito. Esto comenzó durante la pandemia y siguió vigente. Queremos terminar con el uso de celulares y todo tipo de comunicaciones por red dentro de los penales”, sostuvo el legislador.
Cómo sería la aplicación de la ley
En caso de aprobarse la normativa que propone prohibir celulares en cárceles bonaerenses, el Servicio Penitenciario Bonaerense deberá notificar a los internos dentro de los 10 días hábiles posteriores a la promulgación.
Luego tendrán 24 horas para entregar voluntariamente los teléfonos celulares, incluso aquellos que no hayan sido declarados.
Una vez vencido ese plazo, las autoridades podrán realizar requisas en celdas y espacios comunes para secuestrar los dispositivos y aplicar sanciones a quienes incumplan la norma.
Argumentos del proyecto
Entre los fundamentos del proyecto, Liberman citó el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben garantizar seguridad y no convertirse en espacios desde donde se continúe delinquiendo.
El legislador sostuvo que la iniciativa busca adaptar el régimen de comunicaciones a las actuales exigencias de seguridad pública y proteger a las víctimas de delitos organizados desde el interior de los penales.
El proyecto ahora deberá iniciar su recorrido legislativo en la Legislatura bonaerense, donde se evaluará el nivel de apoyo de los distintos bloques políticos.
