El proyecto avanza hacia Diputados
El Senado aprobó el proyecto de reforma laboral, que impulsa cambios en las relaciones de trabajo, en el vínculo con los sindicatos y en el blanqueo laboral. Tras obtener media sanción, la iniciativa pasó a la Cámara de Diputados, donde continuará el debate legislativo.
Después de una extensa sesión, el Senado dio media sanción con 42 votos afirmativos y 30 negativos al proyecto de Modernización Laboral, tras más de 14 horas de debate y con el respaldo de parte de la oposición dialoguista.
El Senado realizó la votación en general a la 1:22 del jueves, tras 14 horas de debate con más de 40 oradores, y luego avanzó con el tratamiento en particular. La Libertad Avanza obtuvo el respaldo de gran parte de la oposición dialoguista, mientras el interbloque peronista se mantuvo unido y rechazó completamente la propuesta del Poder Ejecutivo.
Durante la jornada, manifestantes se concentraron y movilizaron en las inmediaciones del Congreso. Se produjeron incidentes graves y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que terminaron con varias detenciones.
Estos son los cambios que impactarán en salarios, indemnizaciones, vacaciones, horas extras y el derecho a huelga:
Salarios, en pesos o en dólares
El proyecto habilita el pago de salarios en moneda extranjera de manera opcional. El texto original, que había logrado dictamen de mayoría en comisiones, permitía cobrar mediante billeteras virtuales, pero ese punto se eliminó antes del debate en el recinto tras negociaciones con otros bloques.
Además, el proyecto introduce la “negociación dinámica” del salario: sindicatos o trabajadores podrán acordar con las empresas ingresos adicionales, como bonos, premios o compensaciones, por encima del salario de convenio, vinculados a niveles de productividad o al cumplimiento de objetivos.
Cambios en las indemnizaciones
Si el Congreso aprueba el proyecto, las indemnizaciones serán menores que las actuales porque excluirán del cálculo el aguinaldo, las vacaciones, los premios y otros conceptos no mensuales. El proyecto también fija que las indemnizaciones de juicios laborales se actualizarán por inflación más un 3 % anual, mientras hoy esa actualización depende de cada juez. Las grandes empresas podrán pagar las sentencias por juicios laborales en hasta seis cuotas y las pymes en hasta doce.
El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), similar al fondo de cese previsto en la Ley Bases. En este punto, hubo cambios, ya que financiaba el fondo, entre otras fuentes, con un aporte patronal del 3 % del salario a una cuenta de inversiones destinada a indemnizaciones. Con los cambios, las grandes empresas aportarán 1 % y las pymes 2,5 %, porcentajes que podrán subir a 1,5 % y 3 % respectivamente.
El FAL será optativo y quienes lo deseen podrán continuar con el sistema vigente. Si el fondo no cubre toda la indemnización, el empleador deberá pagar la diferencia. El aporte empresarial se compensará con reducciones en cargas sociales, lo que impactará en el sistema previsional.
Vacaciones fraccionadas
El proyecto modifica la Ley de Contrato de Trabajo y permite fraccionar las vacaciones en períodos mínimos de siete días. También mantiene la obligación de que, en sistemas rotativos, cada trabajador tenga al menos un período de vacaciones en verano cada tres años.
Implementación del banco de horas
La iniciativa establece un banco de horas para que las horas extra se acumulen como saldo a favor del trabajador, que podrá compensarlas con días libres o jornadas reducidas. La legislación vigente obliga a pagar las horas extra con un adicional del 50 % en días normales y del 100 % en feriados o fines de semana. El proyecto conserva esa opción y agrega el banco de horas como alternativa.
Regulación de la huelga y servicios esenciales
El proyecto retoma la propuesta del Ejecutivo incluida en el DNU 70/2023. Define una lista de “servicios esenciales” que deberán garantizar al menos el 75 % de su funcionamiento. Actualmente, la ley solo considera esenciales la salud, el agua potable, la energía eléctrica, el gas y el control del tráfico aéreo.
Se incorpora a esenciales las telecomunicaciones, aeronáutica comercial, control portuario, servicios aduaneros y migratorios, y educación en todos los niveles, excepto universitario.
Antes del debate, se agregaron el cuidado de menores, la educación inicial, primaria, secundaria y especial, el transporte de caudales, los servicios de seguridad y custodia, y la aclaración de que las fuerzas de seguridad deberán operar al 100 %.
Además, el proyecto crea la categoría de “servicios de importancia trascendental”, que deberán mantener al menos el 50 % de su funcionamiento. Incluye la industria farmacéutica, transporte de pasajeros y cargas, radio y televisión, siderurgia, aluminio, química, cemento, alimentos, construcción, aeropuertos, minería, frigoríficos, correos, agro, bancos, hotelería, gastronomía y comercio electrónico, entre otros.
Nuevas reglas para sindicatos y asambleas
La reforma también modifica la Ley de Asociaciones Sindicales. Establece que las asambleas y congresos de delegados no podrán afectar el funcionamiento normal de la empresa, deberán contar con autorización del empleador y no serán remunerados.
El proyecto considera infracciones “muy graves” los bloqueos o tomas de fábricas y la afectación de la libertad de trabajo de quienes no adhieran a paros, aunque deja las sanciones para reglamentaciones posteriores. También habilita otorgar personería gremial a sindicatos de empresa cuando durante seis meses superen en afiliados al sindicato preexistente.
A pedido de la CGT, se mantiene los aportes sindicales voluntarios y obligatorios con un tope del 2 %. También conserva el aporte del 6 % de las empresas a las obras sociales sindicales, en lugar del 5 % propuesto inicialmente por el Gobierno.
Eliminación de la «ultraactividad»
El proyecto elimina la “ultraactividad”, que permite que un convenio colectivo siga vigente tras su vencimiento hasta firmar uno nuevo. Si se aprueba, los convenios perderán vigencia al vencer, salvo las normas sobre condiciones laborales.
Hoy, un convenio colectivo prevalece sobre acuerdos de menor alcance salvo que estos beneficien más al trabajador. El proyecto establece que los convenios de ámbito menor prevalecerán siempre, aunque resulten menos favorables.
Incentivos al empleo registrado y blanqueo laboral
El proyecto crea incentivos para contratar trabajadores registrados durante un año. Las empresas que incorporen personas desempleadas, monotributistas o ex empleados públicos y amplíen su plantilla recibirán reducciones en contribuciones patronales durante cuatro años.
También establece un régimen de blanqueo para empleadores con trabajadores no registrados. Durante seis meses prevé la extinción de la acción penal por evasión, la condonación de multas y parte de la deuda, y la posibilidad de pagar en hasta 72 cuotas.
Bancos
El proyecto dispone que solo los bancos podrán pagar salarios y descarta el uso de billeteras virtuales para esa función.
Condiciones para certificados médicos
Se establece una serie de requisitos de validez para certificados médicos por ausencias por enfermedad o accidente inculpable. Ante discrepancias entre certificados del trabajador y la empresa, se podrá solicitar una junta médica.
Nuevos empleos
El proyecto otorga incentivos a empresas que incorporen personal, mediante reducciones en contribuciones patronales.
Régimen de inversiones para pymes
La iniciativa crea un Régimen de Inversiones para pymes orientado a nuevos emprendimientos, con beneficios en amortización del Impuesto a las Ganancias y del IVA.
Plataformas
El proyecto define a repartidores y repartidoras como “prestadores independientes” sin relación de dependencia, pero obliga a las empresas a contratar seguros de accidentes y brindar capacitación.
Modificaciones en impuestos internos
Se elimina impuestos internos a embarcaciones, aviones, automóviles, celulares y productos suntuarios, e impone obligaciones empresariales como seguros de accidentes, capacitación en seguridad vial y transparencia en bloqueos.
Se eliminó la baja de Ganancias
El proyecto original reducía las alícuotas del impuesto a las ganancias del 35 % al 31,5 % y del 30 % al 27 %, lo que habría beneficiado a más de 15 mil empresas, especialmente las de mayor tamaño. Tras el rechazo de gobernadores, el Congreso eliminó ese artículo. El Gobierno probablemente insistirá con el tema en una futura reforma tributaria.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) señaló que la reducción del impuesto implicaba un costo fiscal cercano a 2300 millones de dólares, unos 3,2 billones de pesos. Al ser coparticipable, más de la mitad del 0,22 % del PBI que se resignaría habría recaído en las provincias, principalmente Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
