Escándalo histórico: liberan en la dark web más de 1000 GB con datos personales de casi todos los argentinos
Una megafiltración de datos personales sacude a la Argentina y los especialistas ya la consideran como la más grave de la historia del país. Ciberdelincuentes publicaron en la dark web más de 1000 gigabytes de información sensible correspondiente a millones de ciudadanos argentinos, expuesta sin ningún tipo de protección y disponible para descarga libre.
El material filtrado incluiría más de 60 millones de registros de la base de datos de ciudadanos de ARCA (ex AFIP), más de 75 millones de registros vinculados a la propiedad de vehículos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) y más de 176 millones de registros laborales de ANSES, con datos como teléfonos, correos electrónicos, domicilios, salarios y relaciones laborales.
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A esto se suman más de 100 millones de registros provenientes de compañías de telefonía celular, millones de direcciones de correo electrónico utilizadas para campañas de marketing, datos internos de usuarios de la web de la empresa involucrada y hasta el código fuente de sus sistemas.
Especialistas en seguridad informática y privacidad, como Maximiliano Firtman, Javier Smaldone y Julio Ernesto López, alertaron sobre la magnitud del episodio. Ambos coincidieron en que se trata de una violación masiva de datos personales sin precedentes. Según señalaron, este tipo de filtraciones son la consecuencia directa de la existencia de sitios que operan sin controles efectivos por parte del Estado y la Justicia.
SudamericaData, bajo la lupa otra vez
La filtración estaría vinculada a una empresa dedicada a la comercialización de información, similar a firmas como Veraz o Nosis, identificada como SudamericaData. Según trascendió, la compañía habría cambiado de nombre tiempo atrás debido a problemas judiciales.
En su sitio web, la firma se presentaba como una plataforma capaz de ofrecer “millones de datos públicos” recopilados a partir de documentos oficiales. También con servicios orientados a la localización de personas, análisis de información y gestión de cobranzas. Sin embargo, la cantidad y el nivel de detalle de los datos ofrecidos siempre despertaron sospechas.

De acuerdo con las primeras evaluaciones, la empresa habría reunido múltiples bases de datos de origen ilegal. La hipótesis principal apunta a que parte de esa información podría haber sido comprada a funcionarios públicos o empleados de empresas con acceso privilegiado a sistemas sensibles.
Uno de los datos más preocupantes es que los registros de ANSES y ARCA estarían actualizados hasta octubre y noviembre. Esto sugiere que el flujo de información seguía activo hasta hace muy poco tiempo. Además, todo indica que se trataría de bases prácticamente completas, lo que implica que la gran mayoría de la población estaría alcanzada por la filtración.
Antecedentes de espionaje ilegal
SudamericaData ya había quedado en el centro de una investigación judicial en noviembre de 2023, cuando se descubrió que el ex policía Ariel Zanchetta, señalado como inorgánico de la SIDE y la AFI, accedió a registros de la empresa para obtener información de más de dos mil jueces, funcionarios, dirigentes, artistas y periodistas.
La causa, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita tras una serie de hackeos a teléfonos celulares de magistrados, destapó una compleja red de espionaje ilegal y volvió a poner en discusión el uso y la comercialización de datos personales en la Argentina.
La firma se fundó a fines de 2020 por Mario Fernando Ares, ex funcionario de la AFIP, y Silvia Gladis Duarte. Ambos estuvieron bajo indagatoria y aseguraron en su momento que trabajaban únicamente con bases públicas. Aunque el nivel de detalle de la información ofrecida —ingresos exactos, teléfonos personales, correos privados y bienes a nombre de los “objetivos”— generó fuertes dudas sobre su verdadero origen.
Mientras tanto, los datos filtrados permanecen disponibles en la dark web, accesibles para cualquiera que quiera descargarlos. Esto expone a millones de personas a fraudes, extorsiones y todo tipo de delitos digitales.