Sin acuerdo en la mesa del Consejo del Salario, el Gobierno de Javier Milei decidió que volverá a fijar por decreto el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La negociación terminó sin avances y con una oferta empresaria que apenas eleva el piso actual: $326.000 ahora y $349.000 a partir de abril. El Ejecutivo aún no informó la cifra definitiva, pero ya anticipó que la decisión será unilateral.
El salario mínimo permanece congelado en $322.200 desde agosto, mientras que el valor por hora para los trabajadores jornalizados sigue en $1.610. La reunión terminó abruptamente tras un cuarto intermedio, sin que ninguna parte se moviera de su posición.
Del lado sindical, la CTA de los Trabajadores —alineada con la CGT— propuso elevar el salario mínimo a $553.000 desde abril de 2026. La CTA Autónoma fue más allá y reclamó $736.000, al advertir que ese monto apenas supera la línea de indigencia.
La oferta empresaria quedó muy por debajo, lo que tensó aún más la negociación. Como ha hecho desde que asumió, Milei evitó convalidar el proceso tripartito y avanzará con un decreto. La medida afectará directamente a millones de trabajadores y a los beneficiarios de planes sociales que se ajustan según el valor del SMVM. En un contexto de inflación persistente y caída del poder adquisitivo, la expectativa por la cifra que impondrá el Ejecutivo es alta y crítica.
Un mínimo congelado que arrastra a millones
El Salario Mínimo, Vital y Móvil permanece clavado en $322.200 desde agosto para jornadas completas de 48 horas semanales, y en $1.610 por hora para trabajadores jornalizados. La falta de actualización frente a la inflación pulverizó su valor real. Según cálculos sindicales, el salario básico hoy está por debajo del nivel de 2001 y ocupa el último lugar en la región cuando se mide en dólares.
Este retraso no solo afecta a quienes están registrados: impacta de forma directa en programas sociales como el Potenciar Trabajo, las becas Progresar y otras prestaciones que se calculan en función del SMVM. Con los montos congelados, miles de beneficiarios ven sus ingresos cada vez más erosionados.
Desde los gremios advierten que el parate también alcanza a los programas de empleo y acompañamiento social, muchos de los cuales siguen con presupuestos de principios de año. Y advierten que los cambios que el Gobierno propone en el esquema de movilidad del Presupuesto 2026 podrían agravar aún más el deterioro.
Además, el salario mínimo funciona como una referencia para millones de trabajadores informales que no tienen convenio colectivo ni paritarias. En ese universo, cada atraso oficial se traduce en más precariedad y menos poder de compra. La decisión del Ejecutivo de fijar el nuevo monto por decreto, sin negociación, anticipa un nuevo recorte silencioso sobre los sectores más vulnerables del mercado laboral.
