Familia de un ex policía condenado por la muerte de un detenido reclama justicia y la revisión de su caso: “Es una causa armada”
José Antonio Cácere, ex efectivo de la Policía Bonaerense, cumple una condena a prisión perpetua desde hace más de seis años por la muerte de un detenido ocurrida en 2011. Su familia sostiene que el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y pide justicia.
El hecho que derivó en la condena ocurrió el 22 de octubre de 2011, cuando Ariel Canizzo, un hombre con antecedentes judiciales, falleció en la Comisaría 4ª de Berisso. Según el relato de Agustín, hijo de Cácere, en diálogo con Lomas Conectado, su padre “solo cumplió una orden judicial” al participar del operativo de detención junto con otros efectivos de la Comisaría 3ª, donde prestaba servicio.
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De acuerdo con el expediente, Canizzo fue revisado por un médico policial y trasladado a la dependencia sin signos de violencia visibles. Horas más tarde, fue encontrado sin vida en su celda alrededor de la 1:30 de la madrugada.
La autopsia oficial, realizada por la Asesoría Pericial de La Plata —a cargo de la Dra. Andrea Sánchez, el Dr. Juan José Granillo Fernández, la Bqca. Irma Garrote y el Dr. A. García Olivera— determinó que la causa de muerte se debió a un edema agudo de pulmón derivado de una cardiopatía dilatada, agravada por el consumo de cocaína y diazepam. Los peritos concluyeron que no existían golpes, lesiones traumáticas ni signos de violencia física.
El informe médico quedó respaldado por el oficial de servicio y el médico policial que intervinieron en el procedimiento, quienes coincidieron en que el detenido no presentaba heridas visibles. Además, fotografías tomadas al momento del ingreso de Canizzo a la comisaría confirmarían ese estado.
Pese a ello, la condena se basó en una pericia de parte realizada por Omar Ledesma, un perito propuesto por una organización de derechos humanos. Según la familia, el perito nunca tuvo acceso al cuerpo ni participó de la autopsia oficial. Su informe, elaborado a partir de una fotografía, incluía expresiones condicionales como “podría tratarse de un golpe” o “posiblemente un traumatismo haya ocurrido”.
En su propio dictamen, Ledesma indicó que el supuesto golpe habría permitido una supervivencia de entre 6 y 8 horas. Este dato excluiría la participación de Cácere, quien no tuvo contacto con el detenido durante más de 13 horas antes de su fallecimiento.
El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de La Plata, integrado por los jueces Cecilia Sanucci, Hernán Decastelli y Silvia Hoerr, dictó la condena con voto dividido. La jueza Hoerr se pronunció en disidencia, argumentando que no había pruebas suficientes para sostener la culpabilidad.
En instancias posteriores, el Tribunal de Casación Penal Bonaerense absolvió a dos coimputados, Percuoco y De la Canal. Reconocieron que no existió golpiza ni violencia comprobable, pero confirmó la condena a Cácere y a su compañero Conti.
Durante el juicio, testigos presenciales, entre ellos Víctor Helguera, quien compartió celda con Canizzo, declararon que el detenido “nunca fue golpeado». Delaró que Carrizo «comía, cantaba y hablaba con normalidad”, y que no pidió atención médica durante su estadía.
La defensa, encabezada por el Dr. Fabián Améndola, del estudio Fernando Burlando & Asociados, sostiene que el caso se construyó “sobre especulaciones y prejuicios, sin base científica ni legal”. Actualmente, la causa se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Expte. CSJ 001980/2023-00, Secretaría N.º 3), donde se solicitó la nulidad del fallo y la revisión integral de la sentencia.
Además, el Grupo de Revisión de Causas Armadas y de Género y la Asociación Inocente Colectivo presentaron un Amicus Curiae en respaldo al pedido, destacando presuntas irregularidades probatorias.
Mientras la Corte analiza el expediente, la familia de José Antonio Cácere continúa reclamando justicia. “Queremos que se revise todo. Papá está preso por algo que no hizo”, expresó su hijo.
